El proyecto del Gobierno refleja la pugna entre Cascos y Serra por controlar los servicios secretos

El proyecto de Ley de Secretos Oficiales elaborado por el Gobierno refleja, de forma apenas disimulada, la pugna entre el vicepresidente primero y ministro de la Presidencia, Francisco Álvarez Cascos, y el ministro de Defensa, Eduardo Serra, por el control de los servicios secretos. El texto, que sanciona con multas de hasta 100 millones de pesetas la divulgación de documentos clasificados, encomienda su protección a la denominada Autoridad Nacional de Seguridad. Sin embargo el Gobierno se concede a sí mismo un año de plazo para designar a dicha autoridad, que será uno de los dos ministros.

La dureza del proyecto de ley a la hora de castigar a quienes infrinjan las normas de protección de los secretos oficiales contrasta con el dilatado, periodo de tiempo que se ha concedido el Gobierno para designar a la autoridad responsable de velar por su cumplimiento.Nada menos que un año, a partir del momento en que se promulgue la nueva ley, puede pasar antes de que, esté designada la Autoridad Nacional de Seguridad, según la disposición final primera del anteproyecto. Y eso, a pesar de que la designación debe recaer necesariamente "en un miembro del Gobierno". Lo que en la práctica limita los candidatos a dos: el vicepresidente y el ministro de Defensa.

La indefinición del texto fruto, según las fuentes consultadas, de la pugna que Cascos y Serra mantienen en torno al control de los servicios secretos y que se está reflejando también en la elaboración del proyecto de ley del Cesid. El Gobierno anunció su propósito de crear un coordinador de inteligencia, ubicado en La Moncloa, para evitar solapamientos entre los servicios de información de Defensa (Cesid) y los de Interior (Guardia Civil y Policía), pero sus competencias no están definidas.

Manteniendo la incógnita sobre cuál de los dos ministros será la Autoridad Nacional de Seguridad se ha evitado zanjar una cuestión todavía abierta.

Registro de acuerdos secretos

Según el proyecto gubernamental, la Autoridad Nacional de Seguridad estará encargada de "asegurar la protección de las materias clasificadas y el cumplimiento de los compromisos contraídos por España", respecto a secretos oficiales, con organizaciones internacionales o con terceros países.El texto agrega que habrá también una Autoridad Nacional Delegada, dependiente de la anterior, que tendrá a su cargo el registro central de materias clasificadas. En el mismo no se guardarán los documentos secretos, sino los acuerdos -del Consejo de Ministros o del ministro correspondiente- por los que se clasifica determinada materia. Acuerdos que también tienen el carácter de secretos.

Dado que este registro ya existe, y se encuentra en Moncloa, en la secretaría general de la Presidencia del Gobierno, el texto apunta a que será Álvarez Cascos quien asuma finalmente dicha responsabilidad.

El problema radica en que la Autoridad Nacional de Seguridad no es un invento de esta ley. El cargo lo ejerce desde hace años el director del Cesid, quien responde ante la OTAN y ante socios extranjeros de que España aplica a la información secreta que se le suministra las medidas de protección adecuadas.

Así se refleja en los convenios internacionales sobre protección de información clasificada que ha suscrito España. Por ejemplo, el acuerdo con Israel, publicado en el BOE del 20 de mayo de 1995, que firmó el director del Cesid con su homólogo israelí.

La novedad del proyecto consiste en asociar el cargo de Autoridad Nacional de Seguridad, al de un ministro, aún por determinar, en coherencia con las facultades que le atribuye para promover acciones penales y sancionadoras o para notificar a, los directores de medios de comunicación el carácter secreto de un asunto, "cuando prevea su posible publicación".

Habilitaciones de seguridad

Pero el director del Cesid, en su calidad de Autoridad Nacional de- Seguridad, no se limita a estas tareas. También se encarga de expedir las habilitaciones necesarias para acceder a los documentos clasificados. Dichas habilitaciones son de distinto grado, según permitan a quien las tenga manejar información de alto secreto, secreto o confidencial.Nadie, desde un funcionario al empleado de una industria militar, puede acceder a un documento secreto sin que el Cesid dé la correspondiente luz verde, se supone que tras investigar la personalidad y relaciones sociales del afectado.

La asunción de estas funciones por parte del vicepresidente del Gobierno obligaría a crear un servicio secreto paralelo en Moncloa. O a transferir a Presidencia del Gobierno al menos una parte del Cesid. Como, por otro lado, figuraba en los borradores iniciales del programa electoral del Partido Popular.