Belloch: "De la judicialización a la ministerialización radical"

Juan Alberto Belloch, ex ministro de Justicia e Interior, opina que el Gobierno del PP ha actuado con la "fe del converso" con la Ley de Secretos Oficiales, al pasar de la "judicialización extrema a la ministerialización radical". Belloch destaca que "el disparate que supone considerar secreta la propia decisión del Consejo de Ministros de lo que se clasifica secreto atraviesa el proyecto de lado a lado".Cree que "este disparate origina otros en cadena" como, por ejemplo: "¿Cómo va a saber la Autoridad Nacional de Seguridad [el miembro del Ejecutivo encargado de velar por la protección de las materias clasificadas] qué va a publicar un medio de comunicación?". El artículo 10 del proyecto concede a esa autoridad la facultad de notificar a los responsables de los medios de comunicación la naturaleza secreta de un asunto cuando "prevean su posible publicación". "¿Porqué va a saber que determinado medio tiene un documento secreto?", señala Belloch.

El ex ministro destaca el "drástico retroceso que supone para los mecanismos de control democrático" la posibilidad de que un ministro pueda decidir si una materia puede ser clasificada como secreta, según señala el artículo 3 del proyecto de ley, y no el Consejo de Ministros.

El proyecto del Gobierno establece tres categorías de clasificación: alto secreto, secreto y confidencial. Las dos últimas, referentes a los intereses fundamentales de España en el exterior, en materia económica y en la organización y funcionamiento de los servicios de inteligencia, las puede decidir un ministro. Esta capacidad de los ministros se extiende al establecimiento de sanciones administrativas a quienes vulneren la ley, según el artículo 11.

Control democrático

A juicio de Belloch, un ministro tiene una visión sectorial y, al no garantizarse el control del Consejo de Ministros sobre las materias que pueden ser secretas, se produce "un retroceso de la responsabilidad solidaria y del control democrático".Destaca también la desaparición de cualquier control sobre decisiones del Gobierno en esta materia. Admite que el Poder Judicial no debe ser quien lo arbitre, según el artículo 7, pero el artículo 8 no establece ninguna fórmula alternativa de control parlamentario.

Belloch cree inadecuado que el Gobierno pueda decidir que se consideren infracciones cuestiones que no están tipificadas como delitos. "Cuando hay dudas entre salvaguardar la seguridad del Estado o la libertad de expresión, la única alternativa es. una ley orgánica". A su juicio, el Gobierno sólo utiliza este proyecto como coacción y amenaza. "¿Se va a atrever a multar con 100 millones a un medio de comunicación, como señala el artículo 11?".