El Gobierno pérsigue ponerse a salvo de exigencias judiciales

El proyecto de Ley de Secretos Oficiales elaborado por el Gobierno muestra abiertamente que el Partido Popular no sólo ha escarmentado en cabeza ajena, sino que ha tomado la iniciativa para evitarse los problemas que padeció el Gabinete socialista a cuenta de los comportamientos del Cesid y de algunas actuaciones judiciales para conseguir la desclasificación de documentos reservados. Y ha llegado a asumir la competencia de imponer sanciones administrativas a medios de comunicación, en vez de dejar en manos de los jueces la decisión de aplicar un castigo por la publicación de secretos.

Un destacado experto eb legislación reguladora de secretos resaltó ayer que la opción tomada por el Gobierno entraña el peor riesgo posible para una ley: su no cumplimiento.La argumentación arranca del hecho de que el Ejecutivo, al atribuirse la capacidad sancionadora, se somete a una inevitable tensión política: la de verse empujado por los hechos a decidir si abre o no expediente sancionador cada vez que se produzca la publicación de un secreto por parte de un medio de comunicación.

Sobre todo, cuando la experiencia indica que, por temor a la reacción de la opinión pública y publicada, el poder ejecutivo prefiere soslayar enfrentámientos de ese tipo.

Una dé las posibles soluciones, según un experto, podría consistir en tipificar un delito en el Código Penal que en ningún caso conllevara pena de prisión, y que estableciera como sanción una multa o una inhabilitación temporal del director del medio de comunicación que trasgreda gravemente la Ley de Secretos.

Otros de los artículos del proyecto del, Gobierno muestran hasta qué punto han pesado en su elaboración las secuelas de los problemas padecidos por el anterior Gobierno.

Se cierra la posibilidad de que un juez pueda entrar en la sede de los servicios secretos si no es con autorización del Gobierno -el juez Baltasar Garzón barajó la posibilidad de personarse en el Cesid-; se impone el mismo tratamiento a los originales y a las copias de los documentos secretos -el coronel Peróte ha suministrado transcripciones de papeles del Cesid-; y reitera que ningún agente del servicio de inteligencia, ni tampoco ningún diputado de la Comisión de Secretos Oficiales, podrá prestar declaración sobre asuntos reservados "ni ser requerido para ello" por un juez, salvo qué haya una desclasificación previa.

Rebaja parlamentaria

Para algunos expertos, el Gobierno ha llegado tan lejos en sus planteamientos restrictivos con el objetivo de que la negociación parlamentaria, con las presumibles cesiones, deje el texto cerca de sus aspiraciones realistas.Así, el plazo de 50 años para que desaparezca la catalogación de secreto sobre un documento se considera excesiva, pues bastaría con la mitad de tiempo, según especialistas que han trabajado con materiales clasificados en los últimos años.

En el proyecto del Gobierno, según varios ex altos cargos vinculados a la política de seguridad y de defensa, la relación de asuntos susceptibles de ser declarados secretos adolece de algunas inconcreciones y olvidos.

Por ejemplo, cita el carácter anónimo de los agentes y colaboradores del servicio de inteligencia, pero no menciona los procedimientos operativos -existencia de empresas pantalla, adquisición de viviendas, tareas de infiltración, etcétera- Mientras que menciona de modo excesivamente genérico "el ordenamiento constitucional y el funcionamiento de sus instituciones".

La asunción por parte de un miembro del Gobierno de la Autoridad Nacional de Seguridad, que hasta ahora personaliza el director del Cesid, creará graves riesgos de desestabilización al Gobierno, ya que la responsabilidad política de cualquier irregularidad recaerá directamente en el Gabinete y en las inmediaciones de su presidente, según dirigentes parlamentarios.