El historiador y sus fuentes

En 1886, es decir, hace algo más de un centenar de años, murió Leopold von Ranke. A la mayoría de los seres humanos este nombre les resultará desconocido y bien pueden sobrevivir en su ignorancia. Los historiadores sabemos, sin embargo, que fue un personaje crucial para nuestra disciplina y que ésta ha resultado en buena medida moldeada hasta el momento presente por su enfoque metodológico. Uno de los medios que utilizó en su trabajo de historiador fue el recurso a los archivos. Ranke se sirvió de forma sistemática de los despachos de los embajadores venecianos en la época moderna. Por su propia naturaleza fueron en su día una fuente secreta que incluía la mención a lo que hoy denominaríamos "operaciones encubiertas".Para los historiadores, la supervivencia de los archivos y la accesibilidad de los mismos no sólo resulta esencial, sino imprescindible para reconstruir el pasado. Por desgracia, sin embargo, empezamos a tener la sospecha de que no está tan lejano el día en que nos podemos ver obligados a renunciar a hacer la historia como la hacía Ranke o, lo que es lo mismo, a no hacerla, en absoluto. Curiosamente, en ocasiones es la propia innovación técnica la que ha hecho desaparecer ya la información. El uso del teléfono como sustitutivo del telegrama ha tenido, por ejemplo, un efecto perverso y está empezando a suceder ya que la rapidez de la innovación tecnológica acaba por borrar la capacidad de acceso a determinados datos. En el momento presente, los censos de Estados Unidos en el siglo XIX no ofrecen problema alguno, pero los de los años sesenta del presente siglo, primeros que fueron objeto de un tratamiento informático ya obsoleto, son mucho más problemáticos. Otras veces, la ausencia de innovación es la que produce el desastre. A diferencia de la documentación de la edad moderna, los famosos papeles del archivo de Salamanca durarán tan sólo algunas décadas más. Luego, por las características del papel, se convertirán en legibles, corno todos los de la II Guerra Mundial, procedan de donde sea.

Pero, además, existe el problema de la accesibilidad. Esta viene marcada por la existencia de un lapso de tiempo de reserva y por el carácter del documento. En general, los países democráticos exigen que hayan pasado entre 35 y 50 años para permitir la consulta. Los países anglosajones permiten una consulta anterior y más extensa mientras que en los latinos el periodo de reserva es más amplio. Pero la tendencia de todos los países en los últimos tiempos va hacia la ocultación y las restricciones al acceso. En Estados Unidos, en donde todas las administraciones habían actuado en un sentido de apertura, a partir de 1982 (presidencia de Reagan) se ha producido un cambio manifiestamente negativo. Desde entonces es preciso un acto previo de desclasificación para el que los medios personales y materiales son escasos, hasta el punto de que sólo se desclasifica un tercio de lo que se debiera. Además, en 1984 los archivos de operaciones de la CIA quedaron exentos de la aplicación de la legislación habitual (la Freedom of Information Act de 1983) y van a permanecer cerrados para siempre. Con esa legislación, Ranke no habría podido emplear los despachos de los embajadores venecianos.

En España, el problema del historiador reside más en la supervivencia que en la accesibilidad de los archivos. La legislación, incluso en materia tan delicada como la política exterior, es muy liberal, pues- permite la consulta tras el transcurso de 25 años. No obstante, los sellos con la advertencia de "secreto" han sido usados muy a menudo sin ninguna justificación. Los archiveros, con buen acuerdo, sólo ponen reservas graves en determinadas cuestiones relativas a la descolonización y en los casos en que la documentación pueda afectar al honor de las personas.

La nueva Ley de Secretos Oficiales establece un plazo temporal notoriamente exagerado, por muy peculiares que sean las materias en que se apliquen. Imagínese el caso de un convenio secreto con otro país o la preparación de un atentado terrorista contra un Presidente del Gobierno. Ángel Viñas y el autor de estas líneas hemos publicado exactamente esos documentos, ya por completo inofensivos, sin dejar pasar ese plazo de tiempo de medio siglo. Sería bueno que las Cortes piensen dos veces si a quien haga dentro de medio siglo algo parecido, a nosotros se le puede imponer una multa de 100 millones.