Argote denuncia a Gómez de Liaño ante el Consejo del Poder Judicial
El abogado Jorge Argote, defensor del general Enrique Rodríguez Galindo y de los demás procesados en el caso Lasa-Zabala, ha presentado un escrito ante el Consejo General del Poder Judicial en el que denuncia al juez instructor del sumario, Javier Gómez de Liaño, por atentar "contra la independencia de los Tribunales de Justicia".El letrado basa su denuncia en el auto que dictó el magistrado de la Audiencia Nacional el pasado 6 de agosto, tras conocer la decisión del Gobierno de no desclasificar los llamados papeles del Cesid. Entre otras medidas, Gómez de Liaño acordó en dicho auto citar a los diputados de la Comisión de Secretos Oficiales para que declaren sobre la información recibida en una sesión secreta del Congreso.
Argote recuerda que el auto de juez contenía "una dura, sistemática e injustificada crítica de la resolución de la Sala que ponía en libertad sin fianza al general Rodríguez Galindo, al que el instructor había encarcelado".
Según el letrado, el instructor no se limitó a criticar "de forma desconsiderada" la decisión de un órgano superior, sino que la rectificó, al imponer a Galindo medidas cautelares distintas a las acordadas por la Sala (vigilancia policial permanente y otras cuyo carácter se desconoce por estar declaradas secretas), sin que ningún hecho nuevo las justificase.
"Nada ni nadie a salvo"
Las críticas del juez se extendieron al Gobierno, por negarse a entregarle los papeles del Cesid, y a los máximos responsables de la Fiscalía, por ordenar que se pidiese la puesta en libertad de Galindo. "Nada ni nadie queda a salvo del instructor. Contra todo arremete y. no en su función jurisdiccional, sino introduciendo critérios políticos, personales, intereses propios", afirma Argote.Al defensor le resulta especialmente grave que, en el auto judicial, se calificase a sus clientes de "culpables", lo que "le deslegitima [a Gómez de Liaño] para conocer de la instrucción".
En suma, concluye el abogado, el auto dictado por el juez del caso Lasa-Zabala "vulnera el principio de independencia de los tribunales, al criticar a su superioridad y rectificar sus decisiones sin nuevos hechos; vulnera el principio de jerarquía jurisdiccional por vía de examen de recursos; vulnera la independencia y separación de poderes, al criticar acremente al Gobierno, al fiscal general del Estado y al fiscal jefe de la Audiencia Nacional; prejuzga, llamando culpables a mis patrocinados".
Todos estos hechos son "de gravedad y consecuencias extraordinarias", pero se salen del marco jurisdiccional, en el que no puede intervenir el Consejo General del Poder Judicial, y entran de lleno en el campo de la política. Por ello, Argote solicita al órgano de gobierno de los jueces que admita a trámite. su escrito, "por si los hechos relatados fuesen de los que dan lugar a la actuación de los órganos inspectores de ese consejo".
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