El Gobierno francés expulsa a 57 inmigrantes africanos en un avión militar con destino a Malí

Gobierno francés, en medio de una gran confusión, embarcó ayer con destino a Bamako (Malí) en un avión militar a 57 ciudadanos de aquel país, de Zaire y de Senegal, entre los cuales se encuentran cuatro del grupo de africanos desalojados de la iglesia de Saint-Bernard. El resto tenían órdenes previas de expulsión. Un número indeterminado de mujeres y niños de Saint-Bernard -unos cien- quedaron en libertad. Las liberaciones se realizaron en medio de un gran desorden, y sin que, a veces, quedara rastro escrito de su paso por prefectura (comisaría de policía).

Los abogados han presentado ante el Tribunal Administrativo de París más de 300 recursos, que pueden retrasar la puesta en práctica de otras órdenes de expulsión. Mientras, el Gobierno procura dar signos de firmeza ante la avalancha de críticas. Para ello ha tenido que recurrir a una cierta militarización del caso. Hasta ahora, los vuelos charter de expulsión de extranjeros en situación ilegal se hacían sirviéndose de aviones y personal de Air France o Air Inter, pero en esta ocasión se ha recurrido a pilotos militares, y a la base aérea de Evreux como punto de partida de los convoyes.Para llegar hasta esa base, la comitiva que transportaba a los africanos, con apoyo de coches policiales de vigilancia, tuvo que superar varias barricadas de manifestantes que intentaron impedir el traslado.

El trato dado a los huelguistas de hambre también se ha resuelto dentro de la esfera militar. La desconfianza respecto a los médicos civiles, cuya cláusula de conciencia ya les había llevado a negarse a alimentar por la fuerza a los 10 ciudadanos de Mali que han pasado 50 días encerrados en la iglesia de Saint-Bernard sin tomar más que líquidos y vitaminas, hizo que los huelguistas fuesen enviados de inmediato a dos hospitales militares y que, cuando uno de ellos se negó a ser alimentado, se le trasladase, esposado, al mismo centro de detención administrativa en el que se instaló a la mayoría de los que se cree que han de ser expulsados de inmediato.

Uno de los abogados de los africanos, Caroline Mecary, señaló qué "el derecho a la retención de las personas está limitado y la prefectura está obligada a dejarlas en libertad cuando no presentan en el plazo previsto las alegaciones correspondientes". Ese podría ser el caso del portavoz de los ilegales, el hoy popular Ababacar Diop, cuyo informe parece que ha sido retirado por orden de la prefectura.

Entre los argumentos esgrimidos por los abogados figura la desafortunada frase de un agente que, al entrar en Saint-Bernard, ordenó lo de "los blancos a un lado, los negros al otro". Para los abogados no cabe la menor duda: están ante un caso de discriminación racial, delito perseguido por la Constitución. Los agentes detuvieron también a varios negros cuya documentación estaba en regla.

La situación jurídica de los ilegales -algunos de ellos trabajaban en Francia, legalmente, desde 1985- es compleja y confusa. Las voces que reclaman la retirada de las "despiadadas leyes Pasqua" se multiplican, pero tampoco faltan las que exigen endurecerlas. La propia mayoría conservadora en el poder está dividida al respecto, pero todos, desde la derecha o desde la izquierda, pasando por el Gobierno, admiten que la actual imprecisión jurídica es insostenible.

Ante un 'otoño caliente'

La cuestión de los inmigrantes ilegales es sólo una de las varias dificultades que tendrá que afrontar el Gobierno francés este trimestre. Sindicatos, oposición, asociaciones, prensa e incluso facciones de la propia derecha, auguran un inevitable otoño caliente. El presidente Chirac y el primer ministro, Alain Juppé, se reunieron ayer en la residencia veraniega del primero en Bregançon.La impopularidad del Gobierno de Alain Juppé ha aumentado después de la impactante imagen de la policía rompiendo a hachazos la puerta de una iglesia. La brutalidad de la acción ha chocado sobre todo en medios católicos. Siguen en la lista de problemas un paro que no deja de progresar y que ya afecta a una de cada ocho personas en edad laboral, una economía en recesión y un déficit público que no se logra disminuir.

Además, no resuelve nada el descubrir de nuevo que se sigue en la imposibilidad de cumplir, ni aunque sea mínimamente, las promesas electorales básicas, como la reducción de la presión fiscal.