Los partidos uruguayos no detectan delitos, pero sí irregularidades en el 'caso Focoex'

No se advierte delito en los contratos suscritos por la Administración uruguaya con la empresa publica española Focoex (Fomento de Comercio Exterior) y las irregularidades detectadas son de carácter administrativo. Éstas son las principales conclusiones del informe acordado por los dos partidos políticos mayoritarios uruguayos, que ayer se encontraba a punto de ser aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados. El monto total de crédito puesto a disposición de Uruguay, destinado sobre todo para equipamiento de centros hospitalarios y escolares, fue de 200 millones de dólares (unos 25.000 millones de pesetas) con fondos bajo las condiciones OCDE y de 100 millones en condiciones FAD.Al cierre de esta edición, el pleno debatía las conclusiones presentadas por la comisión investigadora del Parlamento, que ha emitido tres informes después de agotar el plazo de 120 días concedido para sus trabajos: uno suscrito por los partidos Colorado y Blanco, coaligados en el Gobierno y con mayoría en las Cámaras, otro de la formación socialdemócrata Nuevo Espacio y un tercero rubricado por él izquierdista Frente Amplio, cuyo diputado Leonardo Nicolini, voz cantante en la presentación de la denuncia, presuntamente falsificó documentación que apoyaba sus tesis. Nicolini sufre juicio político en el Parlamento y en el movimiento al que pertenece.

"De la investigación realizada surgen irregularidades administrativas en el manejo y ejecución de los convenios realizados por la Administración Pública uruguaya con las empresa española Focoex S A", señala el punto dos del proyecto, de resolución sometido a la aprobación de la Cámara por los grandes partidos."A la luz de los obrados en examen, y en el marco de sus potestades y competencias, no advierte, la tipificación de delito", continúa el texto.

La mayoría de los miembros de la comisión decidió no enviar las conclusiones del informe al poder judicial, ya que hace dos semanas fueron remitidas a petición de un juez penal que asumió la competencia en la investigación. Esto sucedió tras las denuncias presentadas por algunos, particulares que se sintieron perjudicados al ser involucrados en el caso. "Habiéndose desprendido la Cámara de todos los antecedentes", precisa el proyecto de resolución, "éstos obran ahora en la órbita de otro poder, ello significa, no sólo que la Cámara culminó sus actuaciones, sino que -por respeto a la independencia del poder judicial en el que tanto creemos- debe abstenerse de todo acto que directa o indirectamente puede tomarse como inherencia en la autónoma esfera del juez actuante".

El informe denuncia que "toda la expectativa acumulada durante meses se frustra groseramente cuando el diputado Nicolini presenta faxes, que un peritaje inucestionable, contundente, aprobado y aceptado por toda la Comisión Investigadora demuestra que son falsos".

El documento discutido ayer no desconoce la ligereza de los denunciantes al cotejar precios y comparar como iguales equipos de diferentes años y capacidad. Alude, sin embargo, a la dificultad de determinar la relación calidad-precio de esos equipos debido al tiempo transcurrido, la depreciación tecnológica, o la imposibilidad de comparar equipos similares del mismo año. De todas formas, no les queda claro a los legisladores suscribientes "por qué en la adquisición de equipamiento a Focoex S A, no se hizo valer ni el volumen de la compra en dinero ni el número de equipos adquiridos", para rebajar precios o mejorar condiciones.