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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Liga sin principio

EL FÚTBOL español huye de la atonía, le gusta el ruido, se alimenta de la polémica, dentro y fuera de los terrenos de juego. La pasión que es capaz de despertar entre los millones de aficionados es su combustible, su fuente de riqueza. Cierto. Pero de esa necesidad ha hecho un vicio. Tanto que los clubes han ampliado la temporada y convertido agosto en un mes hábil. De un año a esta parte, éste es el mes propicio para las guerras del fútbol, en competencia con los tradicionales torneos de verano.Hace un año, los descensos administrativos del Celta y el Sevilla y los consecuentes ascensos del Albacete y el Valladolid pusieron en pie de guerra a ciudades, alcaldes y, finalmente, al Gobierno, Hoy, la mitad de los clubes de Primera División han anunciado su diposición a no aceptar trágalas imposibles ni a permitir que su libertad de acción perezca a manos de oscuras maniobras. El origen de este nuevo conflicto veraniego es la denominada guerra televisiva. Los derechos de retransmisión del fútbol han experimentado un espectacular incremento en toda Europa ante las nuevas posibilidades que brinda la televisión. Sin embargo, mientras en el resto de Europa la competencia entre las televisiones ha podido resolverse de forma ordenada, en España -donde el precio de los partidos televisados es el mayor del mundo en términos absolutos- ha surgido un modelo único y, por lo que se ve, disparatado.

El panorama es desconcertante. Existe un contrato en vigor que caduca en 1998, cuyos derechos pertenecen a las cadenas autonómicas (para un partido en abierto los sábados) y a Canal + (un partido codificado el domingo), y una ensalada de difícil digestión de contratos individuales durante los cinco años que van de 1998 al 2003. Unos clubes han firmado con Antena 3, otros con Canal +, y un tercer bloque, con determinadas autonómicas. Armonizar este complejo galimatías ya es difícil, pero el asunto se ha complicado al tratar unos clubes de imponer al resto la aplicación inmediata de esos acuerdos a cinco años a partir del próximo 31 de agosto, olvidando incluso los problemas legales subyacentes a la existencia de un contrato en vigor.

La mitad de los clubes de Primera División está dispuesta incluso a retrasar el comienzo de la Liga, dada la grave situación creada en el seno del organismo, sometido al diktat de instituciones que no forman parte del contrato vigente. La Liga Profesional ha perdido toda capacidad de poner orden. Las decisiones se toman al más puro estilo asambleario, sin orden ni concierto, sin atender siquiera sus consecuencias legales. Es el imperio de la mayoría simple ajena a cualquier ordenamiento legal. Se decide abrir un contrato sin consultar a las partes; se aprueba jugar un partido los lunes sin considerar que toda reforma del calendario necesita antes el referendo de la Federación de Fútbol, que ahora se muestra dispuesta a mediar. Es el fútbol en la frontera de la ley. Pero si el fútbol no sabe hacer buen uso de las emociones que es capaz de despertar, será necesario que la sociedad se proteja de ello.

La amenaza de que la Liga no comience el 31 de agosto pondrá a prueba el talante no intervencionista del Gobierno. El nuevo secretario de Estado para el Deporte, Pedro Antonio Martín, y la ministra del ramo, Esperanza Aguirre, consideran el fútbol profesional como una actividad entre empresas privadas y, por tanto, susceptible de que ellas mismas arreglen sus conflictos. ¿Podrá el Gobierno resistir sin pestañear que no comience la Liga de fútbol? ¿Será capaz de contemplar impávido cómo se vulnera la legalidad aplicando el rodillo de una mayoría impuesta desde fuera de la Liga?

Las cadenas de televisión no deben dictar la política futbolística. El fútbol profesional debe recuperar, urgentemente, su soberanía perdida. Son los clubes quienes han de tener la capacidad de decisión sobre su futuro, y las cadenas han de limitarse a lograr, sin imposiciones que no les corresponden, la obtención de los derechos que permitan su retransmisión. Unos y otros han de actuar con el obvio respeto alas leyes y a los contratos en vigor. Sólo así podrá conseguirse, un ordenamiento sensato del mundo del fútbol.

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