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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Debate embrionario

EL "LÍO tremendo" de los embriones congelados, como lo calificó Basil Hume, cardenal arzobispo de Westminster, afecta también de lleno a España. No podía ser de otro modo. La legislación, una vez dictada, queda estática hasta que es revisada, pero la ciencia no detiene su avance. España se dotó en 1988 de un texto normativo, la Ley de Reproducción Asistida, considerado en su momento uno de los más avanzados del mundo. Pero la diligencia con que fue elaborada la ley marco no ha sido correspondida después a la hora de desarrollarla. Por esta carencia han quedado en la indefinición aspectos importantes de la ley, cuyo cumplimiento queda al albur de la voluntad de los médicos y particulares queintervienen, puesto que no se han creado aún los mecanismos de seguimiento y control previstos. Y uno de los vacíos más clamorosos se refiere precisamente al trata miento de los embriones congelados.

La tecnología médica permite fecundar óvulos con esperma en una probeta y congelar después el embrión obtenido para su uso futuro. A pesar de los avances de los últimos años, la tasa de embarazos de la fecundación in vitro es muy baja y con frecuencia los embriones transferidos en el útero no prosperan. Para asegurar el éxito del tratamiento, suelen fecundarse múltiples óvulos con el fin de tener reservas en caso de que falle el primer intento y también para poder facilitar un segundo embarazo más adelante si la pareja lo desea. Muchos de estos embriones, formados por unas pocas células, de prosperar, no se desarrollarían.

Los sectores antiabortistas han montado una protesta en el Reino Unido, ante la destrucción de varios cientos de ellos. Pero ni siquiera la Iglesia católica parece tener las ideas muy claras al condenar por una parte la producción artificial de embriones y por otra la interrupción de lo que considera ya vida con alma. El lenguaje en esta materia está cargado de intenciones. Usar palabras ya no como la "masacre prenatal" que ha empleado un diario vaticano, sino "adopción", "tutela", o "padres" al hablar de embriones, prejuzga un contenido en el que no es necesario entrar para resolver un debate que inevitablemente tiene tintes morales personales.

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Cuando se aprobó la ley española de 1988, la ciencia no tenía garantías de que la crioconservación prolongada no afectara a la calidad de los embriones congelados, de ahí que tanto la legislación británica como la española establecieran entonces un periodo máximo de cinco años de conservación. Ahora se sabe que pueden mantenerse por más tiempo y la práctica ha demostrado además que cinco años es un periodo demasiado corto para el desarrollo de los tratamientos. La ley británica, ya actualizada, señala que, una vez pasado ese plazo, las parejas que lo deseen expresamente podrán seguir manteniendo sus embriones congelados. Los demás han de ser destruidos. Y-así ha sido.

En España, la ley fija el plazo máximo de conservación en cinco años, pero en ningún momento habla de destrucción y tampoco define con exactitud qué hacer en caso de que una pareja no quiera donar sus óvulos fecundados sobrantes. La ley indica que, pasados dos años desde la crioconservación, estos embriones pasarán a disposición del banco, pero la sensatez y la prudencia de los especialistas les ha llevado a no hacer uso de esa prerrogativa cuando hay una oposición manifiesta de la pareja origen del óvulo fecundado. El problema se va agrandando conforme pasa el tiempo: aunque la falta de desarrollo legal impide saber con exactitud cuántos embriones congelados hay y en qué situación se encuentran, los especialistas estiman su número en más de 10.000, de los cuáles, por lo menos un 10% llevan ya más de cinco años congelados.

El caso británico debería servir de aviso al Gobierno español para que acelere las reformas legislativas pertinentes. Es urgente que se constituya de una vez la Comisión Nacional de Fecundación Asistida, prevista por la ley, lo que facilitará que se hagan las cosas bien y que, en un momento determinado, no se produzcan también en España polémicas interesadamente distorsionadas ante un tema siempre sensible.

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