El Ejército del Aire asume misiones de vigilancia aduanera paradas hace un mes

Los aviones del Ejército del Aire sobrevuelan desde ayer los 5.849 kilómetros de las costas españolas para reprimir el contrabando por vía marítima. Se trata de una solución provisional que pone en marcha el control aéreo del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), que se encontraba paralizado desde el pasado 30 de junio.El acuerdo definitivo entre la Dirección General de Aduanas, dependiente de la Secretaría de Estado de Hacienda, y el Ejército del Aire se formalizará cuando se firme un convenio entre ambas partes, que regulará las condiciones operativas y económicas que permitan al Ejército realizar la misión. Mientras tanto, y según el acuerdo provisional, que podría firmarse esta semana, el Ejército emplea sus propios medios humanos y materiales.

En el convenio se contemplará el traspaso al Ejército de los aviones del Estado, seis C-212 de la Serie 200, de cuyo mantenimiento se ocupaba hasta ahora la empresa privada Gestair, SA, y que desde hace un mes se encuentran aparcados en las instalaciones de Construcciones Aéreas, SA, en Getafe (Madrid). En la Secretaría de Estado de Hacienda se afirma que esta paralización se ha debido a la revisión de los aparatos. Hasta ahora, se realizaba cada vez que se adjudicaba el mantenimiento de las naves mediante concurso.

El Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (SEPLA) había denunciado la paralización -que ha afectado a 13 pilotos, siete mecánicos y personal auxiliar de Gestair- y la falta de acuerdo sobre los contratos temporales y renovables que tenían firmados el Ministerio de Hacienda y la empresa privada. Sin embargo, la Secretaría de Estado de Hacienda afirma que no eran acuerdos vitalicios y que el último concurso quedará desierto. Los contactos con Defensa habían comenzado hace dos meses.

Los pilotos afectados criticaron ayer el acuerdo porque, según sus palabras, "suena a chapuza y prepotencia" y acusaron al Ejército de posible competencia desleal. La carta anunciaba también el ejercicio de acciones en defensa de su colectivo ante una medida calificada de "arbitraria".