La Junta de Andalucía recurre por inconstitucional el decreto ley de farmacias

La Junta de Andalucía anunció ayer la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley 11/1996 de 17 de junio, de ampliación del servicio farmacéutico a la población, que reduce de 4.000 a 2.800 el número de habitantes por farmacia. Según el gobierno autónomo, esta normativa "resulta inconstitucional por invadir las competencias que la comunidad autónoma andaluza ostenta en materia de ordenación farmacéutica". La Junta de Castilla-La Mancha la recurrirá también por similares motivos antes del 16 de septiembre.

El recurso de la Junta de Andalucía se basará en la violación del artículo 148.1.21 de la Constitución, que asigna las competencias en materia de Sanidad e Higiene y su desarrollo legislativo a las comunidades autónomas. El consejero andaluz de Salud, José Luis García de Arboleya, apuntó ayer que la aplicación del decreto, "de supuesta ampliación y liberalización del servicio de farmacia implica la amortización o cierre de 751 oficinas de farmacia en Andalucía". La decisión de recurrir el decreto ley fue adoptada ayer por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que autorizó a sus servicios jurídicos para que lo interpongan antes del 16 de septiembre, fecha límite para su presentación.García de Arboleya explicó que "el Gobierno central puede entrar en las competencias de las comunidades autónomas para fijar mínimos o mejorar determinados servicios o prestaciones, pero nunca para señalar máximos e invadir las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía".

El consejero añadió que el efecto que provoca la decisión del Gobierno de Aznar con este decreto -que establece la apertura de una farmacia por cada 2.800 habitantes en zonas urbanas y hasta un límite de 4.000, según fije cada comunidad-, supone que Andalucía (7.246.000 habitantes) no podría tener más de 2.588 farmacias, y que por lo tanto, de las 3.339 oficinas que existen en la actualidad "la Junta tendría que iniciar un proceso de amortización o de cierre de 751 farmacias".

Intereses corporativos

García de Arboleya calificó de "engaño a la población" los argumentos de "ampliación" y "liberalización" utilizados por el Gobierno central a la hora de presentar el decreto que, en su opinión, "sólo favorece a los intereses corporativistas de los colegios profesionales". El consejero andaluz insistió en que la nueva norma "no entra a solucionar el problema de las farmacias rurales", y que en el caso de Andalucía "dificulta el desarrollo del proyecto autonómico de Ley de Ordenación Farmacéutica", en redacción.En relación a los efectos que el decreto ley provocará en otras comunidades, García de Arboleya fue tajante: "Es el mismo para todas las comunidades autónomas. No hay ningún ciudadano en ninguna comunidad que pueda salir beneficiado en el servicio farmacéutico con este decreto". En este sentido, el consejero andaluz de Presidencia, Gaspar Zarrías, indicó que este recurso contra el Gobierno de Aznar, "probablemente no será el único ni desde Andalucía, ni desde otras comunidades".

En efecto, la Junta de Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE, se da igualmente de plazo hasta el 16 de septiembre para presentar el recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley sobre farmacias. Dos son los argumentos que han llevado a esta comunidad a tomar esta decisión, según indicó el director regional de Salud Pública, Rafael Peñalver. "El primero es que no cumple los requisitos, por ejemplo el de la urgencia, para ser tramitado por decreto ley. Y en segundo lugar, se trata de una ley de máximos que nos incapacita para poder legislar. El Gobierno no nos ha dejado las mismas oportunidades que tuvieron Cataluña o País Vasco para legislar".

Estas dos comunidades y desde hace un mes Extremadura son las únicas en España que cuentan con ordenaciones propias del servicio farmacéutico. El resto estaba preparándolas cuando el decreto les cogió por sorpresa. El resultado de la normativa gubernamental ha sido una avalancha de más de 50.000 peticiones de apertura en las 17 comunidades.

García de Arboleya aseguró que los responsables de salud de otras autonomías como la vasca y la catalana también se han pronunciado en contra del decreto en reuniones en Madrid. "Evidentemente, por motivos obvios, no presentarán recursos", añadió.