Nada modélico

LAS EXPLICACIONES dadas ayer en el Parlamento por el ministro del Interior sobre la expulsión de 103 inmigrantes ilegales de Melilla llegan tarde. Él mismo reconoció que se ha producido una alarma social muy considerable. Jaime Mayor Oreja tiene el mérito de haber reconocido que la operación de la policía no fue precisamente modélica y de haber abordado este espinoso caso con su tradicional buen tono. Pero más allá su relato presenta puntos oscuros y, sobre todo, no concluye con ninguna responsabilidad, salvo la que genéricamente asumió él mismo.La descripción que Mayor Oreja hizo de los hechos, apoyándose en la investigación interna que ha realizado su departamento, no resulta convincente. No coincide con otras versiones dadas por el Defensor del Pueblo, y probablemente no agote la polémica. No está claro aún si algunos de estos inmigrantes -cuatro, según el Defensor del Pueblo; varias decenas, según la Comisión de Ayuda a los Refugiados- habían solicitado asilo político, lo que habría obligado a una tramitación diferente. En todo caso, los nuevos inmigrantes ilegales ya han aprendido la lección: muchos de ellos están solicitando asilo político. Ante esta presión, y como punto de partida, deben respetarse y aplicarse las leyes, tanto la de Extranjería como la de Asilo. Y si las leyes no sirven habrá que cambiarlas -siempre desde el respeto a la Constitución-, pero nunca violarlas o ignorarlas.

El ministro aseguró que se cumplió la ley y se respetaron los procedimientos. Pero, a título de ejemplo, resulta poco creíble que 103 expedientes abiertos a título -individual se resolvieran en 48 horas con idéntica resolución para todos ellos. El ministro reconoce que dos de los cinco vuelos en que fueron repatriados los inmigrantes llevaban a bordo alhoperidol, un sedante de efecto leve y autorizado por el Ministerio de Sanidad. Persisten las dudas, sin embargo, sobre la forma en que se utilizó y si hubo prescripción médica. Tampoco ha quedado claro de dónde salió el dinero para pagar 250.000 pesetas por cada uno de los 19 inmigrantes repatriados a Malí, a petición del Gobierno de este último país, lo que puede suponer un peligroso -y oneroso- precedente. De nuevo el secretismo de los fondos reservados impide una explicación más clara.

La posición española es en esta materia muy delicada, por su condición de frontera de la Unión Europea y porque se encuentra, además, en la ruta tal vez más frecuentada por la inmigración ilegal, la que conduce desde el África subsahariana hacia el corazón de Europa. Detrás de la actuación del Gobierno español pueden adivinarse también presiones de París para aplicar una mayor dureza frente a una inmigración que a menudo atraviesa nuestro país para Instalarse en territorio francés. En todo caso, queda claro que España tiene un problema en la frontera de Ceuta y Melilla con Marruecos, excesivamente permeable e infradotada de medios de control. En este terreno sí que urge que el Gobierno mejore la situación.

El desarrollo de los hechos demuestra que es falsa la afirmación del presidente Aznar de que "había un problema y se ha solucionado". No siempre la vía expeditiva es la más eficaz, y menos cuando están en juego derechos fundamentales de las personas, sea cual sea su nacionalidad. Con este episodio, más que sentar las bases para un mejor control de la inmigración ilegal, el Gobierno puede haber alentado algunas tendencias racistas y xenófobas en nuestra sociedad, como denunciaron ayer portavoces de la oposición y también de partidos que apoyan a la mayoría gubernamental. Y esto, a la postre, es lo más preocupante de todo este feo asunto.