Dos miembros del PSOE imputados por cobrar comisiones del AVE serán juzgados por estafa
El juez de instrucción número 23 de Madrid, Julio de Diego, ha dictado auto de apertura de juicio oral por presunta estafa contra Sotero Jiménez Hernández -secretario de Guillermo Galeote, que fue responsable de finanzas del PSOE- y Juan Carlos Mangana, ex miembro del comité electoral de este partido en 1986. Ambos están también imputados en el caso AVE.La presunta estafa de este otro sumario consiste en el impago de casi dos millones de pesetas por parte de la empresa GMP Instalaciones, de la que ambos son directivos, tras adquirir cuatro calderas para las obras de la prisión madrileña de Navalcarnero. Las calderas no fueron abonadas al proveedor, la empresa Vulcano Sadeco.
Vulcano Sadeco asegura en su escrito de acusación que GMP Instalaciones formaba parte de un grupo de empresas -GMP Consultores, GMP de Ingeniería y Obras, y Bleckers- todas ellas Fundadas, participadas y dirigidas por destacados militantes socialistas".
Una de estas empresas, GMP Consultores, está implicada en el presunto cobro de comisiones del AVE. Aunque no figura como imputado en la estafa a Vulcano, el presidente de GMP Instalaciones -cuya sede está en la calle de Sagasta, 31, de Madrid- es el ex concejal socialista Valentín Medel. Medel es cuñado de Juan Carlos Mangana, secretario de GMP Instalaciones. Junto a Jiménez y Mangana, tendrán que sentarse en, el banquillo por la supuesta estafa los directivos de GMP Instalaciones Juan Ramón González Targhetta y Mariano Gómez Escámez.
La deuda de casi dos millones data de febrero de 1991, según afirma Salvador Boado, presidente de Vulcano Sadeco, radicada en la localidad madrileña de Rivas-Vaciamadrid. En esa fecha, la empresa Ferrovial, adjudicataria de la prisión de Navalcarnero, "subcontrató con GMP Instalaciones de las obras de climatización" del centro.
GMP adquirió a Vulcano cuatro calderas por valor de casi dos millones. Meses después, Vulcano giró a GMP la factura, que no fue pagada. Vulcano accedió a aplazar la deuda, pero pasó el tiempo y GMP Instalaciones cerró su actividad sin abonarla, a pesar de que, según Boado, Ferrovial "fácturó y cobró" el importe de las calderas de la Administración penitenciaria. Vulcano considera que ha sido estafada y pide un año de cárcel para los cuatro imputados.
En el auto en el que declara la apertura del juicio oral, el juez de Diego fija la responsabilidad civil subsidiaria de las empresas GMP Instalaciones, ya desaparecida, y de la constructora Ferrovial. El juicio se celerará en un Juzgado de lo Penal de la plaza de Castilla de Madrid.
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