Siemens conoció el contrato del AVE dos años antes de conseguir que se le adjudicara

FRANCISCO MERCADO La fiscal del caso AVE, María Teresa Gálvez, plantea en un escrito remitido a la juez instructora, María Teresa Chacón, que Siemens obtuvo información privilegiada sobre el contrato del AVE al menos dos años antes de que el Consejo de Ministros aprobara en 1989 la inversión de 60.000 millones para infraestructura del proyecto. El coste final rondó los 97.000 millones.La fiscal se basa en que se han hallado precontratos de 1986, 1987 y 1988 en los que Siemens acreditaba conocer el destacado papel inversor de Renfe, responsable de los incrementos no justificados de los precios.

La fiscal Gálvez emitió el pasado día 17 un informe que ha resultado decisivo para la posterior resolución de la juez Chacón, titular del juzgado número 39 de Madrid, en la que daba curso a una veintena de citaciones como imputados en diversos delitos de ex altos cargos del Ministerio de Transportes y Renfe, comisionistas y directivos de Siemens. Entre los imputados destacan el ex ministro Julián García Valverde y Mercé Sala, ambos ex presidentes de Renfe. La fiscal analiza las vías de investigación que se abren tras el informe de los peritos. Una, de ellas es "la secuencia cronológica de los acontecimientos". La fiscal ve imprescindible "esclarecer las razones que puedan explicar por qué el proyecto del AVE tal y como se diseñó en el último acuerdo [del Consejo de Ministros] de 7 de Julio de 1989, donde se concretó ya la ejecución en exclusiva de un único corredor de AVE Madrid-Sevilla, abandonando la idea hasta entonces mantenida de construir otros corredores diferentes, se configuró por primera vez un proyecto cofinanciado entre Renfe y el Ministerio y con responsabilidades de ejecución estrechamente compartidas entre ambas administraciones". Entonces se "potenció el papel de Renfe, que en un principio era menor, por lo que en el acuerdo de 7 de julio de 1989, se le autorizó a modificar sus objetivos de inversión y a aumentar sus disponibilidades financieras". La fiscal plantea una interrogante: "¿Cómo es posible que este estado de conocimiento que se alcanza sólo en el acuerdo de Consejo de Ministros de 7 de julio de 1989 fuera plasmado ya dos años antes en los primeros acuerdos preconsorciales del Consorcio Hispano Alemán [encabezado por Siemens] de los años 86 y 87 o en los compromisos entre GMP [firma de militantes socialistas que ha admitido haber cobrado una comisión de 917 millones] y Siemens en 1988 para la consecución de las obras o incluso, según las declaraciones de los que suscribieron ese acuerdo, se estuvo trabajando para la presentación de esa oferta frente a Renfe durante todo el año l987".La fiscal estima que "las repercusiones económicas que el desdoblamiento del tramo de la línea de alta velocidad entre el Ministerio y Renfe, con su doble contratación, fue una circunstancia a la que no tuvieron información ni acceso las distintas empresas licitadoras vencidas, sino exclusivamente Siemens". La fiscal requiere que se realicen las pesquisas necesarias para conocer el origen de las ofertas en nombre de Abengoa y Cobra, pues "según la documentación analizada por los peritos judiciales, se encuentran expedientes administrativos con la tramitación de los concursos ante el ministerio y, sin embargo, los representantes legales de dichas empresas no recuerdan haberse presentado al concurso de alta velocidad frente al ministerio". No es la única paradoja. El 7 de julio de 1989, el Consejo de Ministros acordó el presupuesto del AVE con el siguiente desdoblamiento: Renfe debía invertir 20.000 millones y Transportes, . otros 40.000. Cuatro días más tarde, sin embargo, Renfe adjudica la totalidad de ambas instalaciones por 74.000 millones frente a los 60.000 acordados por el Gobierno. Posteriormente, se llegó a un desembolso de 97.000 millones. Los desvíos se produjeron únicamente en los contratos entre Renfe y Siemens.