La pena de muerte en Georgia

Mientras los atletas invocan en el estadio olímpico el lema "más alto, más fuerte, más lejos", 103 personas piden otro día más. Son los hombres muertos que caminan, los habitantes de los corredores de la muerte de las prisiones de Georgia, el Estado norteamericano en el que ya se están celebrando, en Atlanta, los Juegos Olímpicos."Como lugar de nacimiento del Movimiento de los Derechos Civiles, y para muchos la capital moderna de los Derechos Humanos, Atlanta refleja los altos ideales del olimpismo", rezaba la propagandacon la que las autoridadespresentaban la candidatura olímpica. Sin embargo, un repaso a la aplicación racista y arbitraria de la pena de muerte pone en entredicho tal afirmación. Así lo entendieron miles de personas, entre ellas casi 100.000 españoles, que han firmado un llamamiento organizado por Amnistía Internacional para pedir una moratoria en las ejecuciones y un debate sobre la pena capital. Entre los firmantes se encuentran el alcalde de la anterior ciudad olímpica, Barcelona, Pascual Maragall, y otros 10 alcaldes de ciudades olímpicas: Albertville, Amberes, Múnich, Lillehammer, Estocolmo, Amsterdam, Cortina d'Ampezzo, Grenoble, Chamonix y Atenas.

La aplicación racista de la pena de muerte en Georgia ha provocado. varios debates cruciales en el Tribunal Supremo norteamericano, que provocaron incluso la paralización de las ejecuciones al inicio de los años setenta. A principios de este siglo, la aplicación de la pena de muerte se relacionó estrechamente con la cuestión del linchamiento. Conforme los linchamientos se iban haciendo socialmente inaceptables, la exigencia pública de ejecutar a los presuntos culpables se satisfacía garantizando la aplicación de la pena capital. En tre 1880 y 1930, en los Estados del sur de EE UU se linchó a 3.220 personas de raza negra, 460 de ellas en Georgia; esta cifra contrasta con las 723 personas de raza blanca linchadas en el mismo perio-do (49 de ellas en Georgia).

Entre 1924 y 1972,_ en Georgia se ejecutó (legalmente) a 337 negros y a 78 blancos. 66 hombres fueron ejecutados por violación (ya no es un delito punible con la muerte), de los cuales 63 eran negros. Según el censo de Georgia de 1990, las personas de raza negra constituyen el 27% de la población. De los 20 reclusos ejecutados en Georgia desde 1983, 19 fueron condenados por asesinar a una persona blanca. Georgia es el quinto Estado de Estados Unidos en el que más ejecuciones se han llevado a cabo desde el reinicio de las mismas en 1977. El método utilizado es la electrocución. Los tres dictámenes más importantes del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre la pena de muerte han estado relacionados con causas del Estado de Georgia. En 1972, en Furman contra Georgia, el tribunal declaró inconstitucional la pena de muerte. En 1976, en el caso Gregg contra Georgia, se declararon contitucionales las leyes estatales revisadas sobre la pena de muerte, permitiendo, por tanto, la reanudación de las ejecuciones.

. En una decisión clave tomada en 1987, el Tribunal Supremo rechazó por cinco votos contra cuatro la apelación del reo de muerte Warren McCIesky (McCIesky contra Kemp). McCIesky, de raza negra, declarado culpable del asesinato de un agente de policía blanco, había argumentado que la pena de muerte en Georgia era inconstitucional porque se aplicaba de forma discriminatoria por motivos raciales. La afirmación se basaba en un -exhaustivo estudio universitario de profesor David Baldus, de la Universidad del Estado de lowa. El estudio examinaba todas las declaraciones de culpabilidad por asesinato dictadas en Georgia entre 1973 y 1978 -más de 600 casos-. Demostraba que los acusados negros y los acusados de matar a víctimas blancas tenían entre 4 y 11 veces más posibilidades de ser condenados a muerte que otros acusados.

En una biografía publicada en 1994, se preguntó a Lewis Powell, ex juez del Tribunal Supremo que votó en contra de la apelación de McCIesky y el que redactó la opinión de la mayoría, si había alguna causa en que desearía haber votado de otra forma. El juez Powell contestó "Sí, McCIesky contra Kemp". Reconoció que no supo interpretar las conclusiones estadísticas del estudio de Baldus: "Mis conocimientos de análisis estadístico son limitados o inexistentes". El juez Powell también opinó que la pena de muerte debía ser abolida y que, en caso de que siguiera formando parte del Tribunal Supremo, siempre- votaría en contra de esta pena.