Crece el frente crítico de las comunidades hacia el modelo de financiación pactado por el PP y CiU

Crece el frente crítico de las comunidades hacia el nuevo modelo de financiación autonómica. Ayer, en la sesión preparatoria de la reunión del próximo martes del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en la que todas las comunidades y el Gobierno debatirán por primera vez el modelo pactado por el PP y CiU, nuevas autonomías se sumaron a las críticas. Por un lado están Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha (todas gobernadas por el PSOE), más Galicia, (del PP). Por otro, el frente mediterráneo del PP: Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares. Canarias, gobernada por los socios nacionalistas del PP, rechaza un sistema que beneficie a ciertas comunidades. Cantabria, del PP, también fue muy crítica.

La sesión sirvió a los secretarios de Estado de Hacienda, Juan Costa, y de Administración Territorial, Jorge Fernández, para comprobar la difícil lidia que tendrán el martes sus ministros Rodrigo Rato y Mariano Rajoy en su primer encuentro oficial en el CPFF con los representantes de las comunidades autónomas.Rato y Rajoy pretenden, con el encuentro del martes, la aclaración de las posiciones de todas las autonomías para aprobar el nuevo modelo de financiación autonómica, pactado en abril por el PP y CiU, en una segunda sesión, el 16 de septiembre.

El modelo cede a las comunidades la gestión del 30% del IRPF y les concede también capacidad normativa sobre ese trame del impuesto y sobre los tributos cedidos. El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, no se ha cansado de repetir que este nuevo modelo de financiación es el eje principal del pacto entre el PP y Ciu.

Presupuestos de 1997

El ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, anunció el jueves que el Gobierno pretende aprobar el nuevo modelo en esa fecha para poder presentarlo junto a los Presupuestos de 1997 en el Parlamento el último día de septiembre.La sesión de ayer estuvo precedida por un malestar generalizado de los representantes autonómicos por una cuestión formal: el poco tiempo del que habían dispuesto para estudiar el documento, con la explicación del modelo, que el Gobierno hizo público la víspera. En este capítulo tuvo una intervención inusitadamente dura el representante cántabro, del PP.

Los representantes de las comunidades socialistas cuestionaron la filosofía del nuevo modelo por poner el acento más en la corresponsabilidad fiscal de las autonomías que en garantizar su suficiencia financiera, y reprocharon a los representantes del Gobierno que no ofrecieran un cifra de coste del modelo. Andalucía reiteró su conocida exigencia de que se aplique la cesión de los impuestos especiales a las comunidades.

Ninguna de las peticiones de estas comunidades fueron satisfechas, y el secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, rechazó la propuesta sobre la cesión de los impuestos especiales procedente de Andalucía. A su juicio, es conveniente continuar por la vía abierta por el Gobierno socialista, en 1993, de ceder el 15% del IRPF. Los representantes de Andalucía y Castilla-La Mancha se Comprometieron a presentar un plan alternativo en la reunión del próximo martes.

A la salida de la reunión, tanto el representante de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Montañés, como la de Andalucía, Magdalena Álvarez, no descartaron la posibilidad de recurrir el nuevo modelo de financiación autonómica al Tribunal Constitucional.

Frente mediterráneo

El representante de la Administración central también rechazó, por el otro flanco, la propuesta de las comunidades mediterráneas, gobernadas por el PP, de primar el criterio de población a la hora de fijar la participación de las comunidades en los ingresos del Estado. El representante catalán, Macià Alavedra, no ocultó su simpatía por esta propuesta.El representante gallego, José Antonio Orza, del PP, se opuso a la pretensión de sus colegas de partido por considerar que el criterio de población prima a las comunidades más ricas sobre las más pobres y aumenta las diferencias interregionales.

Pero la sorpresa procedió del representante canario, miembro de Coalición Canaria (CC), partido que apoya parlamentariamente al Gobierno del PP. Inesperadamente se desmarcó del modelo de financiación pactado por el PP y CiU y puso en cuestión que sirva para mejorar la recaudación por la vía de la lucha contra el fraude y por las buenas perspectivas económicas que ayer predicaron los representantes del Gobierno.

El nacionalista Macià Alavedra hizo una propuesta muy concreta que fue bien acogida por todos los representantes autonómicos: la participación de todas las comunidades al 100% en la gestión de la agencia tributaria, el organismo recaudatorio de la Hacienda central, así como su territorialización.