La Comisión y el IME pactan adelantar un año la paridad del euro para evitar 'tormentas'

El miedo a que un interregno de casi un año se convierta en caldo de cultivo de tormentas monetarias está a punto de modificar el escenario de introducción de la moneda única pactado en la cumbre de la Unión Europea (UE) de Madrid. La Comisión y el Instituto Monetario Europeo (IME) ultiman una propuesta para adelantar a 1998 el establecimiento de las paridades fijas de las monedas que accedan a la unión monetaria con el euro, decisión que se había previsto para 1999. Mientras, Bruselas y Bonn buscan resolver sus discrepancias sobre el pacto de estabilidad.

La introducción del euro se diseñó en tres escalones decisivos. El primero se subirá "lo antes posible en 1998" -el primer trimestre- al realizarse la criba entre los adherentes (los in) y los excluidos (los out), a tenor de sus resultados económicos de 1997. El segundo fijaría irrevocablemente los tipos de cambio de las monedas in entre sí y con el euro y supondría el lanzamiento de toda la transformación legislativa y técnica, el 1 de enero de 1999. El tercero será la puesta en circulación de billetes y monedas denominados en euro, desde el 1 de enero del 2002.Desde la decisión del primer trimestre de 1998 se podía abrir un agujero peligroso de varios meses, propicio a que las tormentas monetarias se cebasen sobre todas las divisas. Por ello la Comisión y el IME se inclinan a proponer al Ecofin informal que se celebrará en septiembre un cambio en el calendario previsto. La nueva idea estriba en que el establecimiento de las paridades fijas se realice simultáneamente a la criba, es decir, en un mismo día dentro de los primeros meses de 1998. Si la propuesta se impone, logrará reducir el margen para los que quieran especular con las monedas fuertes. Pero al mismo tiempo obligará a los Gobiernos a realizar un gran esfuerzo en poco tiempo, al incluir en la discusión política de los quince líderes elementos de una decisión más técnica.

Cara a las monedas débiles o out se sigue confiando en que la eficacia de un SME-bis -con bandas anchas que las ligarán al euro, eje y ancla del sistema- y los propios resultados macroeconómicos de los países excluidos serán suficientes para evitar las turbulencias que pudieran afectarles. Otros aspectos del pase a la tercera fase están encallados en la polémica. La Comisión ha tenido que aplazar a septiembre su compromiso de presentar un texto sobre el "pacto de estabilidad" que deben concertar los países in, por la distancia que separa su posición de la del Gobierno que lo propuso, el alemán, según fuentes del Ejecutivo. El comisario de Asuntos Monetarios, Yves-Thibault de Silguy, proyecta evacuar consultas especiales bilaterales para salvar las diferencias en las próximas semanas.

La principal discrepancia se centra en el posible automatismo de las sanciones aplicables a los países que habiendo entrado en la unión monetaria exhibiesen posteriormente un déficit excesivo. Mientras Bonn alega que el Tratado permite ese automatismo, Bruselas lo duda. Considera que, frente a un esquema de automatismo rígido, el Consejo debe preservar un grado de autonomía que le permita evaluar las distintas circunstancias y decidir sobre las sanciones. Asimismo, mientras Alemania propone que entre la constatación del déficit excesivo y la imposición de la sanción debe transcurrir un plazo inferior a seis meses, la Comisión sostiene que debe elevarse a un año. Porque ése es el tiempo indispensable para que se noten los efectos de cualquier medida de rectificación fiscal.

Tampoco hay acuerdo en si los "programas de estabilidad" (sucesores de los de convergencia, para cuando se haya introducido el euro) serán de adopción voluntaria o tendrán carácter obligatorio. Ni sobre la posibilidad de instituir un Consejo de Estabilidad: los expertos del Consejo de Ministros comunitario lo creen redundante con el Ecofin; la Comisión lo considera adecuado para afrontar tareas específicas como la representación exterior del euro ante el FMI o el Banco Mundial.

La propuesta de estatuto legal del euro ha avanzado más. Bruselas apoya que el principio de continuidad de los contratos (de moneda nacional a euro) se aplique flexiblemente, permitiendo cierta autonomía de los operadores.