El presidente de Freixenet, juzgado por un delito ecológico
El presidente de la empresa Freixenet, Josép Ferrer Sala, fue juzgado ayer en Barcelona acusado de un supuesto delito ecológico cometido al verter aguas residuales, sin ningún tipo de depuración desde la factoría de Sant Sadurní d'Anoia a un arroyo próximo. El fiscal solicita para Ferrer un año de prisión y multa de siete millones de pesetas, mientras que para el director de producción y control, José Luis Bori de Fortuny, pide dos años de cárcel y otra multa similar. Los hechos fueron denunciados por una organización ecologista.El fiscal sostiene que la factoría de Freixenet vertía las aguas "de forma totalmente ilícita, clandestina y sin depuración alguna a través de cuatro puntos de vertido" y recuerda que la empresa incluso carecía de licencia administrativa para efectuarlos. La Guaidia Civil recogió una muestra, el 27 de mayo y el 9 de septiembre de 1992, en la que se apreciaron índices que sobrepasaban ampliamente los límites permitidos de cloruros, amoniacos, fosfatos y materiales en suspensión.
Josep Ferrer, uno de los empresarios más emblemátícos de Cataluña, aseguró que si no se construyó la depuradora, fue porque el Ayuntamiento dé Sant Sadurní d'Anoia negó la correspondiente licencia municipal en 1988 y en 1992.
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