Urge una reforma

La transición española de la dictadura a la democracia en las dos décadas transcurridas tras la muerte del general Franco ha sido conmemorada merecidamente en la propia España. También ha sido estudiada minuciosamente y admirada en el exterior, en una Europa que solía pensar automáticamente "Inquisición" cuando alguien mencionaba a España, y en muchos países latinoamericanos y del este de Europa que también han salido recientemente de largas dictaduras. Sin caer en la exageración, se puede hacer una lista de los siguientes logros pasmosos: la convalidación de la total libertad individual y de prensa y organización; un Estado aconfesional con libertad religiosa para todos; un Estado de las autonomías que descentraliza el proceso de gobierno y reconoce las diferencias nacionales y regionales; el control civil de las Fuerzas Armadas; pertenencia a y participación constructiva en el Mercado Común Europeo y en la OTAN.Pero en esos mismos años ha habido omisiones y fracasos fundamentales cuya importancia se está haciendo cada vez más evidente, y que podrían poner en peligro la consecución de la primera transición si no se llevan a cabo más reformas importantes en el futuro próximo. Dando por sentados los aspectos tremendamente positivos de la primera transición, me concentraré en este artículo en la necesidad de una segunda transición.

La financiación de los partidos políticos y de las campañas electorales ha sido un problema admitido prácticamente desde el principio. Todos los partidos importantes -AP, UCD, PSOE, PP, CiU, PNV- se han visto implicados directamente en algún tipo de financiación ilegal de sus necesarias y legítimas actividades. Los escándalos financieros del PSOE han obtenido más atención que los otros porque el PSOE ha sido el que más tiempo ha gobernado y porque sus acciones han ofendido a los poderes fácticos tradicionales de la sociedad española mucho más que las de otros partidos. Pero éticamente no hay ninguna diferencia entre las Filesa, tragaperras, casinos y las diversas ilegalidades que están teniendo lugar en las secciones regionales del PP.

La piratería financiera de individuos bien situados amenaza la credibilidad entera de la banca y las inversiones españolas. Que el gobernador del Banco de España utilice su acceso oficial a la información como medio de enriquecimiento personal; que un Mario Conde o un Javier de la Rosa no sólo hagan mal uso de los fondos que les han sido confiados, sino que sean alabados públicamente como excelentes ejemplos de la empresa española o catalana hasta que una prensa libre reveló la sórdida verdad; éstos y otros casos muy similares, pero a los que se ha dado menos publicidad, demuestran la necesidad de una pauta de conducta más ética por parte de todos los que aspiran a ganarse la vida manejando el dinero de otras personas. El capitalismo de mercado libre exige un código de conducta honrada; de otra forma, se hace imposible distinguirlo de la Cosa Nostra o del robo puro de los recursos naturales que ahora se anuncia en Rusia como capitalismo.

Luego están los escándalos del GAL y del Cesid, más otros muchos ejemplos menos espectaculares de tortura, soborno, escuchas telefónicas, espionaje y chantaje. Los detalles exactos son a menudo difíciles de concretar, y un estudioso tendría que dedicarse a leer únicamente los miles de artículos, entrevistas, cintas de vídeo (si tiene enchufe para hacerse con ellas) y libros que se han editado respecto a estos escándalos de la policía y el servicio secreto. Lo que está perfectamente claro es que muchos individuos que ocupan puestos importantes en estos servicios han actuado según su propia ley y aparentemente han dado por supuesto -acertando, normalmente- que nunca tendrían que responder de sus acciones "confidenciales" al servicio de las "cloacas" del Estado.

Uno no sabe si reír o llorar cuando lee lo de la cuenta bancaria en Suiza del ex sacerdote y jefe del partido socialista navarro o lo de la financiación del túnel de Sóller y su relación con el quién es quién de la política mallorquina. Parece ser que el antiguo jefe de la Guardia Civil se hizo millonario con las comisiones cobradas por la adjudicación de contratos para la construcción de casas para los beneméritos. Ahora que le han hecho volver involuntariamente de unas largas vacaciones por Asia a fin de responder de sus travesuras financieras, está muy ocupado desviando la atención de sus propios delitos testificando -nadie sabe todavía con qué proporción de verdad o calumnia- contra numerosos antiguos colegas.

Es evidente que las situaciones del tipo de las mencionadas más arriba no se pueden resolver a no ser en un clima de completa libertad y honradez. Y aquí veo una relación directa entre los escándalos y la conducta de los principales dirigentes políticos de la España de la postransición. El Gobierno del PP ha comenzado sus reformas económicas mediante decretos en lugar de proponer leyes que requerirían el debate en las Cortes y de permitir que el pueblo sepa específicamente lo que se propone, quién ganará y quién perderá con ello.

También ha despedido a afamados periodistas de televisión por supuestas razones económicas, pero los despidos son, de hecho, inexplicables excepto si es por resentimiento contra profesionales extremadamente independientes. Amalia Sánchez Sampedro y José Antonio Martínez Soler sólo son, por supuesto, dos individuos, y nadie es indispensable, etcétera, pero en vista de la meridiana falta de franqueza por parte del Gobierno, todos y cada uno de los periodistas españoles sabrán que les han dado un toque de atención para que tengan cuidado.

Los dirigentes del PSOE también han optado por evitar la franqueza. La cuestión de su responsabilidad por haber nombrado a Rubio y a Roldán, y por haber estado implicados o haber sido engañados completamente en el tema del GAL, lleva al menos tres años enconándose. Como escribí hace tiempo, hubiera sido mucho mejor para España y para el PSOE que Felipe González hubiera dimitido como presidente del Gobierno en favor de un socialista que fuera inimaginable que estuviera implicado en estos errores de

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juicio o posible ocultación de delitos. Ahora que el partido ya no está, en el poder, tuvo una excelente oportunidad para limpiar la casa, tal como propuso Rodríguez Ibarra, pero de nuevo ha optado por evitar cualquier autoexamen minucioso.

Vuelvo a la cuestión de la segunda transición. La escandalosa conducta de numerosas personalidades financieras, funcionarios de partidos, policías, abogados y juegos demuestra que las costumbres de la era de Franco no cambiaron en aquellas áreas que no fueron reformadas directa y públicamente durante la primera transición. En sus últimos años, Franco no gobernó tanto con mano dura como con la práctica y tolerancia de la corrupción. Todos los tipos de escándalo mencionados en este artículo ocurrían frecuentemente con Franco. Las personas implicadas no sólo se beneficiaban, sino que se sentían virtuosas. Nadie gritaba escándalo ante las noticias de sobornos o despidos de periodistas. Al no existir la prensa libre, nadie se enteraba de las torturas excepto de palabra.

Ya es hora de una transición en los métodos policiales y en las prácticas financieras cuando menos. Ya es hora de gobernar mediante leyes y no por decreto, y de respetar la libertad de expresión en los medios de comunicación públicos y privados. Sin esa segunda transición no se resolverán ni el terrorismo ni los delitos de guante blanco, ni la mala reputación de los partidos políticos.