La Audiencia de Milán procesa a Berlusconi por financiar ilegalmente a Craxi

La Audiencia Penal de Milán decidió ayer sentar simultáneamente en el banquillo de los acusados a Bettino Craxi, símbolo de la corrupción de la República de Italia, y a Silvio Berlusconi, el empresario televisivo que en 1994 saltó a la arena política para "regenerar e innovar" un sistema destruido por las pesquisas anticorrupción de los jueces. Además de viejos amigos, ambos comparten hoy la condición de ex primer ministro. La acusación sostiene que Berlusconi financió ilegalmente a Craxi con 10.000 millones de liras (unos 850 millones de pesetas) en 1991.

El nuevo proceso, fijado para el próximo 21 de noviembre, que no es el último en el que será implicado, toca a Berlusconi no sólo en el corazón de su carrera, política, sino también en la esfera de los negocios, ya que otro de los procesados ayer es Ubaldo Livolsi, consejero delegado de Fininvest y de Mediaset, la sociedad que agrupa a las televisiones italianas del líder de Forza Italia.Mediaset ha sido lanzada precisamente para que Berlusconi pudiera reducir su participación en el negocio televisivo por debajo del 50%, moderando así los problemas políticos que le supone esa actividad, aunque no pierda el control de la misma. La sociedad acaba de salir a Bolsa, donde empezar a a cotizar el próximo lunes. Los abogados de Fininvest hicieron ayer un último intento de que los jueces aplazaran la decisión sobre el proceso, a fin de evitar que la noticia pueda influir sobre los inversores.

La acusación sostiene que los pagos realizados por una sociedad suiza denominada All Iberian a la cuenta Bellharat Holding de la Banque International de Luxembourg (BIL) eran en realidad pagos ilegales de Fininvest a Bettino Craxi, cuyo secretario, Mauro Giallombardo, controlaba la segunda cuenta citada. Los pagos, realizados entre el 17 y el 28 de octubre de 1991, fueron tres, de 5.000 millones de liras cada uno. Pero el tercero fue devuelto, según los magistrados por orden de Bettino Craxi, que lo rechazó como erróneo.

Berlusconi y sus abogados afirmaron, de entrada, que la sociedad All Iberian no era suya y que los pagos en cuestión respondían a la cesión de derechos cinematográficos en Francia por el empresario tunecino Tarik Ben Amar, que también fue citado como presunto beneficiario de otras transferencias ilegales por las que Craxi ha sido ya condenado. Además, razonaron que la operación no podía ser fraude contable en ningún caso, ya que, siendo Fininvest en 1991 una sociedad familiar, era imposible que de tales trasvases financieros derivara un perjuicio para terceros.

Inversión en Tele 5

El pasado mes de mayo, los fiscales italianos descubrieron en el Palacio de Justicia de Londres, donde un agente ha tenido que depositar toda la documentación en su poder relativa a la red financiera exterior de Berlusconi, que All Iberian fue fundada por Giancarlo Foscale, primo del líder de Forza Italia y consejero de Fininvest. También establecieron indicios del que la sociedad controvertida había servido para ocultar participaciones ilegales de Fininvest en la española Tele 5 y en Telepiú Uno, cadena italiana de pago. [Precisamente anoche se supo que el grupo alemán de comunicación Kirch ha comprado el 23,4% de Telepiú al italiano Renato Della Valle, antiguo testaferro de Berlusconi. Sumado al 33,6% que Kirch mantenía hasta ahora, controlará el 57% de la cadena italiana, anunciaron portavoces del grupo, informa Efe.]El pasado junio, Giorgio Vanoni, responsable de la red exterior de Fininvest, se presentó ante el juez, tras haber estado fugitivo durante siete meses, y declaró que las órdenes de pago por All Iberian se las daba el consejero delegado Livolsi.

Ayer, los abogados de Fininvest esgrimían sobre todo dos argumentos defensivos menores y técnicos: que no se puede acusar a los procesados de falsificación de balances, dado que las operaciones contestadas pertenecen a un grupo exterior distinto de Fininvest, y que la justicia italiana no tiene competencia sobre pagos realizados y cobrados en el extranjero.

Además de los tres principales acusados, el proceso incluye a otras nueve personas, entre ellas los ya citados Vanoni y Giallombardo; al fugitivo Giorgio Tradatti, presunto banquero de Craxi, según los fiscales; Alfredo Zucotti, directivo de Fininvest y a una extensa red de acusados de receptación que incluye a Antonio Craxi, hermano del ex líder; su mujer, Silvi Sarda; una periodista llamada Ania Pieroni y los mexicanos Aguilar Martínez y Gabriel Vallado.