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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Rapiña en el AVE

COMO EN el caso Filesa, el informe emitido por los peritos de Hacienda sobre el cobro de comisiones ilegales en torno a la adjudicación del AVE puede ser crucial para reactivar judicialmente otro de los sumarios relacionados con la presunta financiación irregular del PSOE. El peritaje oficial corrobora el grueso de la abundante información periodística dada sobre este caso, especialmente la de este periódico del 26 de enero de 1993.Sería aventurado, e incluso irresponsable, prejuzgar el valor probatorio del informe. Pero no cabe duda de que sitúa la investigación sumarial en un nivel cualitativamente distinto al que tenía hasta ahora. De momento, le otorga una mayor consistencia. Y más adelante servirá, sin duda, para precisar mejor los supuestos hechos delictivos y los previsibles cargos contra las personas implicadas. El tinglado de empresas instrumentales, sin actividad alguna, descubierto por los peritos de Hacienda en tomo a la adjudicación de las obras del AVE nada tiene que envidiar al montado en el caso Filesa. Seguramente son reproducciones clónicas de un mismo modelo. Sociedades instrumentales -tres, como en el caso Filesa-, creadas y gestionadas por antiguos responsables o militantes del PSOE, percibieron cerca de 1.000 millones de pesetas de la empresa alemana Siemens, adjudicataria de las obras del tren de alta velocidad (AVE) Madrid-Sevilla. Y, según certifica el informe de Hacienda, sin que se pueda demostrar contraprestación alguna por su parte. Exactamente igual que en el caso Filesa.

Más información
Siemens admite que pagó comisiones por el AVE y que pudieron acabar en el PSOE

¿A quién beneficiaba realmente este tinglado? El secretario de administración y finanzas del PSOE, Francisco Fernández Marugán, se ha apresurado a afirmar que su partido no recibió una sola peseta de ninguna empresa entre 1989 y 1994, a tenor de la documentación existente en su poder. Pero, por lo que ya se conoce, las vías paralelas de financiación irregular de los partidos, precisamente por serlo, no sólo no suelen registrarse en la contabilidad regular, sino que suelen huir lo más lejos posible de los asientos contables regulares. De ahí el tupido y engañoso ramaje documental tras el que pretenden ocultarse: contratos aparentes, informes existentes sólo de nombre o apenas relevantes, como justificantes de pagos, facturas falsas, documentos mercantiles ajenos a la realidad económica, etcétera....

En el caso Filesa, los peritos de Hacienda lograron seguir la pista de algunos pagos realizados a proveedores del PSOE a cuenta de la campaña electoral de 1989. En el caso del AVE, en cambio, no ha sido posible determinar el destino final de los casi mil millones de pesetas pagados por Siemens en concepto de comisiones ilegales. Salvo que las empresas perceptoras de esas cantidades estaban vinculadas a personas próximas al PSOE. El entramado de sociedades interpuestas y las complejas relaciones establecidas entre ellas ha hecho imposible llegar más lejos hasta ahora. De ahí que los peritos expongan a la juez que investiga el caso la necesidad de disponer de más documentación con el objeto de identificar operaciones y examinar movimientos bancarios.

En cualquier caso, el informe pericial constituye un buen punto de partida para llegar a discernir al receptor efectivo de esa ingente cantidad de dinero. ¿Es concebible que esos casi mil millones de pesetas hayan ido a parar enteramente a los bolsillos de los cinco antiguos responsables socialistas inculpados de momento en el caso? Es algo que tendrá que dilucidar la investigación judicial. En el caso Filesa, esa incógnita ha quedado en gran medida despejada, a resultas de lo que se determine finalmente en el juicio oral. En este asunto Siemens ha aceptado en un comunicado oficial que pagó a comisionistas y que desconoce el destino final del dinero. Pero ni Siemens ni los beneficiarios directos han logrado explicar qué mérito comercial adornaba a éstos para cobrar casi mil millones, salvo su relación con el partido en el Gobierno. Esto es, con el contratista de la obra.

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