La primera medición de dioxinas en la incineradora roza el límite permitido

VIENE DE LA PÁGINA 1La ofensiva municipal proincineradora llegó cinco días después de una demanda del Fiscal contra la instalación. La empresa que gestiona la planta, Tirmadrid, y el gobierno municipal (PP), quisieron limpiar ayer la imagen de la incineradora y "tranquilizar a los madrileños".

Anunciaron los gestores de Valdemingómez que han pedido a la Comunidad de Madrid una prórroga de seis meses de la primera fase de puesta en marcha de las calderas -iniciada en enero pasado- antes de comenzar la segunda -otros seis meses en pruebas- previa al funcionamiento a pleno rendimiento de los hornos. Esta prórroga no significa que hayan existido problemas en el funcionamiento de la planta, según aclaró su director, José Ontañón: "Queremos ir con gran cautela y poco a poco".

El gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón aceptó la prolongación de los ensayos: "Autorizamos este nuevo plazo porque fue más lento el ritmo de incineración de basuras de lo previsto inicialmente, pues sólo llegaron al 15% de la capacidad del horno el pasado mes de abril. Este nuevo plazo es improrrogable", señaló ayer Silvía Enseñat, viceconsejera de Medio Ambiente. Sobre los datos de emisiones apuntados por Ontañón, la viceconsejera se mostró tranquila: "Si es en torno a 0,1 nanogramos no es para preocuparse. Pero aún no hemos recibido los datos oficiales de dioxinas y furanos".

El Ayuntamiento espera arrancar oficialmente la incineradora en abril de 1997. Para entonces, el vertedero de Valdemingómez estará saturado. Por eso, el concejal de Medio Ambiente prepara un concurso para la construcción de un nuevo vertedero en la ciudad, que incluirá una planta de tratamiento de los residuos sólidos urbanos semejante a la que funciona en Valdemingómez. Con una gran diferencia: no tendrá adosada ninguna incineradora.

"Por razones obvias", explicó el edil de Medio Ambiente, en alusión al rechazo que ha recibido la planta de la Fiscalía de Madrid, que lleva un año recurriendo contra su puesta en funcionamiento y presentó el mes pasado una demanda reclamando la presencia de peritos judiciales para el control de las emisiones."Dentro de unos años... Dios dirá. Pueden surgir procedimientos nuevos que entren en régimen comercial, declaró el concejal García Loygorri. "En esto del medio ambiente no caben fundamentalismos ecológicos. Hay que tener la cabeza puesta en las nubes de la utopía, pero con los pies en el suelo", remachó.