El fiscal y el Gobierno vasco recurren la sentencia del atentado de Rentería para que se endurezcan las penas

Todas las partes personadas en el proceso contra los tres jóvenes condenados por el atentado con bombas incendiarias a un furgón de la Ertzaintza en Rentería (Guipúzcoa) en marzo de 1995, en el que resultaron heridos cinco ertzainas, presentaron ayer el anuncio de recurso contra la sentencia. La Fiscalía de San Sebastián, a instancias del fiscal general del Estado, y la acusación particular, en representación del Departamento de Interior del Gobierno vasco, persiguen un endurecimiento de las penas. También los abogados defensores de los tres acusados recurrirán en casación ante el Tribunal Supremo la resolución judicial condenatoria dictada por la Audiencia de San Sebastián.En la sentencia, se condena a Unal Erquis Urretavizcaya, de 24 años, Aitor García Sánchez, de 20, y Jon Ander González Arrizubieta, de 20, a seis años de prisión y a 67 millones de pesetas de indemnizaciones.

La resolución, hecha pública el martes pasado, consideró a los tres acusados autores de cinco delitos de lesiones en concurso con uno de atentado, otro de incendio y otro de lesiones por imprudencia grave. Además, la sentencia obliga a los autores a indemnizar con 32 millones de pesetas y 21,5 millones a dos mujeres que resultaron heridas en el atentado y con más de 14 millones a cuatro de los ertzainas que fueron objeto del atentado. Jon Ruiz Sagarna, el agente que resultó con heridas más graves -con más del 50% del cuerpo quemado y que todavía deberá someterse a numerosas operaciones de cirugía- conocerá la indemnización cuando la Unidad de Grandes Quemados del Hospistal de Cruces redacte el informe final sobre su caso.

El fiscal Luis Navajas, que en su informe calificó los hechos de asesinato frustrado, reiteró su desacuerdo con las penas impuestas. La fiscalía había pedido un total de 335 años de reclusión y una indemnización conjunta de 400 millones de pesetas.

El Departamento de Interior también ha mostrado su discrepancia con las penas impuestas a los tres jóvenes y asegura que el recurso busca corresponder las penas con los hechos enjuiciados. El Ejecutivo autónomo había solicitado para los procesados 670 años de cárcel.

Finalmente, los abogados defensores de los tres jóvenes pedirán la libre absolución de los jóvenes. Uno de los letrados Indicó que en su escrito pedirá la nulidad de las declaraciones de los dos principales testigos de cargos -dos agentes de la Ertzaintza-porque durante la vista utilizaron números de identificación ficticios antes de que lo autorizara la juez que instruyó el caso.

A partir de ahora será la Sala Segunda la que estudie si existe algún tipo de defecto formal en los avisos de recurso para admitirlos y posteriormente las partes tendrán 15 días para formalizar su escrito con los argumentos y los aspectos de la setencia que sean objeto de recurso.

La resolución, que ha generado una gran polémica, ha sido calificada por algunos sectores como sentencia dictada por el miedo.