CiU propone implantar el contrato con despido pactado en empresas de menos de 50 trabajadores

CiU va a proponer al Gobierno que el contrato estable -que tiene indemnización por despido pactada de antemano- se implante en las empresas de menos de 50 trabajadores a modo de experiencia piloto. Así lo afirmó ayer Macià Alavedra, consejero de Economía de la Generalitat de Cataluña. Alavedra matizó que le gustaría que la implantación de este tipo de contrato fuera fruto del diálogo social. Narcís Serra se opuso a esta medida y afirmó que si las medidas fiscales no se incluyen en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, habrá recurso ante el Constitucional. Rodrigo Rato manifestó que no hay que relacionar privatizaciones con pérdida de empleo, en respuesta a Felipe González.

"Las empresas no pueden estar atadas de pies y manos para adecuar sus plantillas a la evolución del mercado. Mantener esas rigideces las perjudica". Alavedra defendió así la introducción del contrato estable, que desde hace ya tiempo preconiza la Generalitat, en las pequeñas empresas a modo experimental "para comprobar que genera contratación". "El Ejecutivo", afirmó el consejero, "debe propiciar que ese contrato se implante a través del diálogo social", pero no quiso definir qué debería hacer el Gobierno en el caso de que los agentes sociales se nieguen a esa posibilidad. "Entonces ya veremos", concluyó.Alavedra, que defendió rotundamente la reducción del déficit -"si no hubiera Maastricht habría que inventarlo"-, entró en terrenos espinosos al tratar sobre los modos de conseguirlo. "Si no se quiere, como se ha dicho, que el recorte recalga en la inversión y se pretende al tiempo bajar la presión fiscal, alguna contribución tendrán que hacer los ciudadanos". Y puso como ejemplo elevar más las tasas universitarias o que los usuarios paguen algunos gastos en medicinas y sanidad.

La intervención del consejero provocó la respuesta de Narcís Serra, que se mostró en contra del contrato estable. "Es un camino más prometedor", dijo, intentar pactar o, si no, establecer por ley de forma más clara las condiciones objetivas de despido, porque así no se perdería la causalidad y sería una medida que afectaría a todos los trabajadores y no sólo a los nuevos contratados".

Serra aprovechó su participación en el seminario La empresa familiar del Siglo XXI organizado por el Instituto de Empresa Familiar para afirmar que si las medidas fiscales aprobadas por el Gobierno mediante real decreto ley no se incluyen en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, se recurrirán ante el Tribunal Constitucional. El objetivo es que pueda establecerse un debate parlamentario sobre las mismas, que Serra calificó, cuando menos, de inoportunas.

Serra criticó el tratamiento dado a las plusvalías porque rompe la progresividad fiscal y porque abre el camino para un tratamiento similar en otras formas de ahorro. Apuntó que, puestos a "ahorrar" ingresos, hubiera sido mejor reducir las cotizaciones sociales hasta determinado nivel salarial.

"Hay que estar en la unión monetaria y para ello reducir el déficit, pero las medidas que se han tomado no van en esa dirección", dijo.

Alfredo Pastor, que fue consejero del Banco de España y secretario de Estado de Economía, cree también que se está haciendo una buena política económica, aunque puso pegas a las medidas fiscales no por su coste recaudatorio, sino porque "más que simplificar el sistema fiscal, lo complican".

Pastor cree que el ajuste que requiere Maastricht ha de afectar también al Estado de bienestar. "No hablo de recortes", dijo, "sino de contención". Pero acto seguido consideró que las medidas del Pacto de Toledo no serán suficientes. "Hay que hacer un poco más", añadió, pero no quiso concretar el qué.

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, afirmó, en la clausura de las jornadas, que no hay que relacionar las privatizaciones con la pérdida de empleo "sino todo lo contrario, porque se ha demostrado que donde ha habido reducciones de plantilla, y de forma drástica, ha sido allí donde el Estado tiene gran peso como la corporación siderúrgica integral o los astilleros".

Respuesta de Rato

En respuesta a las declaraciones de la víspera del ex presidente Felipe González en contra de la venta de empresas públicas, afirmó que hasta hace unos meses también se privatizaba. "La diferencia", comentó, "es que no se decía. Ahora vamos a privatizar con trasparencia".Rato añadió que no puede haber un debate sobre las privatizaciones, si a las alternativas que se ofrecen al mercado de capitales [la venta de empresas públicas] sólo se contrapone una subida en el precio de la gasolina.

"Vamos a reformar los mercados", dijo, "para que sean más dinamizadores de la prosperidad y el empleo, y a reformar el Estado para que ofrezca mejores servicios y garantice más eficacia en el gasto en solidaridad". Rato afirmó que ese gasto supone 13 billones de pesetas al año, lo que da una media de un millón por familia, algo que considera en el límite "si se tiene en cuenta que el salario medio es 1,3 millones de pesetas".