Residuos radiactivos

, La incineradora de Valdemingómez se ha convertido en la punta de lanza de la guerra ecológica emprendida por la Fiscalía de Madrid. Una contienda con múltiples frentes legales -en total, el ministerio público ha presentado cinco recursos- y que ya tiene incluso una fecha para el recuerdo: el 1 de abril de 1996. Ese día, la instalación, que fue apoyada por la ex edil de Medio Ambiente y hoy ministra de Educación y Cultura, Esperanza Aguirre, empezó a funcionar sin ningún tipo de limitación. Un paso ante el que la fiscalía no duda en pronunciarse: "A partir de ese momento se produce una situación de gravísimo riesgo para la salud pública y el medio ambiente". No en balde, el ministerio público insiste en que la incineradora, que en un principio se diseñó para el reciclaje, se ha convertido, pese a su falta de controles, en una instalación que admite residuos tóxicos y peligrosos e incluso radiactivos.

Otros riesgos, siempre a tenor de la fiscalía, proceden de los elementos plásticos utilizados en la combustión, de las filtraciones y emanaciones del compost (material derivado de la fermentación de la basura orgánica) que reciba la planta, de la falta de vigilancia de las cenizas y escorias resultantes de la incineración o de las emisiones contaminantes liberadas por la quema de compuestos tóxicos y peligrosos como los metales pesados incombustibles, -cadmio, cromo, mercurio- y los tóxicos clorados propios de la basura.

Capítulo aparte merecen las temidas dioxinas lanzadas al aire durante la combustión. Para el fiscal, los aparatos instalados para su medición sirven de bien poco. Por un lado, porque las dioxinas inocuas y las dañinas se solapan unas a otras; por otro, porque "hay un elevadísimo número de compuestos con similar efecto tóxico para los que no se efectúan mediciones". Prueba de esta dificultad de detección la ofrecen los centros especializados, cuyos resultados varían hasta un 10.000% de un laboratorio a otro.