El fiscal acusa al Ayuntamiento de "omisión absoluta de controles" en la incineradora

La Fiscalía de Madrid ha estrechado el cerco contra la incineradora municipal de Valdemingómez. En una demanda dirigida al Tribunal Superior, el ministerio público describe el rosario de supuestas irregularidades en que incurre la instalación que el Ayuntamiento puso en marcha en diciembre. Una lista que comprende desde el riesgo de graves afecciones para la población hasta el incumplimiento de los trámites de información pública, pasando por la "omisión absoluta de controles", falsedad de su dedicación original al reciclado, falta de vigilancia sobre materiales tóxicos y peligrosos, diseño obsoleto y anticuado, falta de previsión de accidentes, ausencia de medidas correctoras de las emisiones contaminantes, inexistencia de estudio de impacto ambiental e incumplimiento de la legislación de seguridad para trabajadores.

La demanda del fiscal de Medio Ambiente, Emilio Valerio, ocupa 44 páginas, en las que se ofrece una minuciosa descripción de los, presuntos incumplimientos, deficiencias, irregularidades e ilegalidades de la instalación municipal, que costó 15.000 millones de pesetas. El escrito, firmado con fecha 1 de julio, se ha elevado a la Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia. Su finalidad es conseguir que los magistrados ordenen de inmediato que un grupo de expertos imparciales controle la instalación y que mantenga informado al tribunal de las situaciones de riesgo que se registren en la planta. Esta iniciativa amplía el recurso que la misma fiscalía presentó contra la decisión del Ayuntamiento de poner en marcha la incineradora.En su relato de hechos, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el ministerio público aporta 23 argumentos, ampliamente desarrollados, contra la instalación. Veintitrés argumentos en los que, pese a sus múltiples ramificaciones, subyace una sola idea: el peligro que la planta y su potencial intoxicador entrañan para el medio ambiente y la salud. Sobre este fundamento se levanta una exposición que empieza por destacar cómo el Ayuntamiento de Madrid, sin tener ningún estudio de impacto ambiental, "autorizó y promovió el funcionamiento de una incineradora con un control desproporcionadamente exiguo y que ( ... ) incumple flagrantemente las exigencias legales más elementales. La única legitimación del complejo es su propia existencia; el empleo de las vías de hecho ha sido aquí patente".

Este supuesto desinterés se extendió, según el fiscal, incluso a la fase de proyecto y construcción, cuyo expediente administrativo ocupó "una sola página". A esta ausencia de control se suma "el absoluto incumplimiento por parte de las autoridades municipales de la legislación urbanística", una carencia ejemplificada en la falta de licencia de obras y en que la planta se asienta en suelo no urbanizable.

Esta irregularidad en la tramitación urbanística ha permitido, siempre según el fiscal, que el proyecto no salga a información pública, con lo que los vecinos y los ayuntamientos afectados por la supuesta contaminación no han podido recibir información ni presentar alegaciones. El escrito da especial relevancia a esta "indefensión del ciudadano" en tanto que "es seguro que las emisiones de la planta produzcan consecuencias graves para la salud de los núcleos de población situados en la dirección del penacho de emisiones".

Y pese a ello, según afirma el fiscal, "no se ha realizado ningún tipo de estudio sobre los daños para la salud, absolutamente necesario para adoptar medidas de protección".

No quedan ahí las acusaciones contra la incineradora. Para el fiscal Valerio, la "omisión absoluta de todo control de actividades" ha conducido a que un proyecto que nació para ser una planta de reciclaje se haya convertido en una incineradora capaz de tratar hasta residuos radiactivos. Esta alarma sobre el funcionamiento aumenta desde el momento en que la planta ha duplicado su capacidad inicial, debido al intento de "los operadores [la gestión de Valdemingómez es privada] de sobredimensionar los hornos para obtener más beneficio y menores plazos de amortización".

No menos llamativa resulta para el fiscal la falta de un manual de operaciones de funcionamiento, de un programa de control de las condiciones de combustión o de un programa específico para situaciones de riesgo.

Diseño obsoleto y anticuado

Carencias que redundan en un aumento de la inseguridad en una planta cuyo diseño el ministerio público califica de "obsoleto y anticuado" y en la que "no hay medidas correctoras de las emisiones contaminantes" -por ejemplo, un filtro de carbón activo como en la planta de Palma de Mallorca-.No acaba ahí el varapalo fiscal. El peligro de la incineradora no sólo ronda los cultivos del entorno y las poblaciones cercanas y desinformadas, sino a los propios trabajadores, ya que se incumple la legislación sobre medidas de seguridad e higiene laboral. Así, según la demanda, algunos residuos que entran en la planta llegan putrefactos y los trabajadores deben, a veces, separarlos manualmente. Un trabajo no menos arriesgado para la salud que la manipulación de cenizas y escorias, tratamiento sobre el que el proyecto básico tampoco establece pautas de protección. Resultado: posibilidad de "riesgos cancerígenos e inmunológicos" para los trabajadores.