El diagnóstico sobre las obras de la autovía amenazada por ETA resultó demoledor

El informe de la Cámara de Comptos de Navarra sobre la autovía de Leizarán resultó demoledor. Resultó que había notables irregularidades en la contratación de las empresas de seguridad, con una partida de 4.407 millones que se pagaban incluso antes de adjudicarse la contravigilancia y otra de 333 en gastos corrientes pagados presuntamente a la Guardia Civil sin el menor rastro de justificantes.

Los auditores públicos llegaron a la conclusión de que se producía también una discrecionalidad absoluta en las adjudicaciones. Y descubrieron el pago a las empresas, sin estudios justificativos, de un 20% más sobre el precio de adjudicación acordado por el Gobierno de Urralburu en agosto de 1990, aduciendo incremento de costes de una obra amenazada y falta de control de las modificaciones al proyecto introducidas durante su desarrollo.

El descontrol llegaba a tal extremo que la Cámara descubrió que las empresas adjudicatarias, Cubiertas y la unión temporal llamada Laobea, no habían cobrado el "plus de peligrosidad" en la fase tercera de la obra.

El motivo era sencillo. Las empresas no necesitaban ese dinero. Habían facturado y cobrado un 25% por encima de la media de mercado y un 40% más que en el resto de la autovía.

Mientras las fuerzas mayoritarias achacaban en voz baja a las amenazas de ETA semejantes despropósitos económicos, la Cámara de Comptos evidenciaba que alguien estaba ganando mucho dinero con la excusa del peligro terrorista, pero nadie escuchaba sus informes y advertencias.