El Congreso evita demoler una obra militar nociva para la flora de Lanzarote

Defensa ha construido sin permiso en el Risco de Famara (Lanzarote) una instalación de transmisiones del Ejército de Tierra, cuyo derribo pidió ayer IU en el Congreso en proposición no de ley. La iniciativa partía de las críticas de ecologistas e instituciones contra la destrucción de una joya de la flora lanzaroteña, la yesquera roja. El Congreso decidió finalmente encargar un informe. "Es absurdo" dice Ezequiel Navío, de Adena / Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), "porque ya hay un informe del Gobierno canario que habla de daño irreversible. PP y PSOE han aunado sus fuerzas para dilatarlo todo".La resolución aprobada insta al Gobierno a encargar un estudio de impacto ambiental en el plazo de seis meses. "Ya no se habla, pues, de derribo", dice Navío. "El pasado martes el PSOE añadió una enmienda a la proposición de IU instando a un informe sobre el impacto ambiental que la demolición podría causar y, en caso de verse que no habría daño, proceder al derribo. Pero luego PP y PSOE han logrado una resolución bochornosa: pedir un informe innecesario. Adena exige, por tanto, que al menos la instalación militar no funcione hasta concluirse el informe".

Adena se opuso desde el principio a las obras, comenzadas en julio de 1995, porque suponían arrasar una planta autóctona, la yesquera roja, y vulnerar la defensa del núcleo de Reserva de la Biosfera de Lanzarote, denominación concedida por la Unesco. "Defensa invocó prioridades de seguridad nacional para construir sin permiso", dice Navío, "pero allí no hay ni valla; cualquiera puede entrar. Da la impresión de ser una residencia de oficiales, más que otra cosa".

Las obras, de 400 metros cuadrados, no tuvieron licencia del Ayuntamiento de Teguise. Cabildo de Lanzarote, Fundación César Manrique, Unión de Conservación de la Naturaleza, CC OO y UGT de Lanzarote y la Federación Ecologista Canaria Ben Magec, entre otros, pidieron el cese de las obras. Los hoteleros lanzaroteños informaron a Defensa en junio pasado de que las "obras se ejecutan sin la autorización y contra el criterio de los organismos competentes y contra el sentir de la población lanzaroteña".