Economía proyecta congelar el sueldo de los funcionarios para recortar el gasto público

La congelación del sueldo de los funcionarios en 1997 ha entrado en plena discusión en el seno del Gobierno y ha provocado las primeras peleas. El secretario de Estado de Presupuesto y Gasto Público, José Folgado, ha mantenido ya varias reuniones con representantes de los departamentos para plantear el alcance de la medida, que se tiene que incluir en los Presupuestos del Estado de 1997. Algunos ministerios, principalmente el de Administraciones Públicas, intentan mitigar el impacto con una subida aunque sea mínima y que unicamente podrá conseguirse si tras realizar los ajustes se encuentra alguna posibilidad, según han reconocido fuentes de la Administración. Los funcionarios dependientes del Estado ascienden a 610.000, y el ahorro, incluida la ausencia de oferta pública de empleo, podría superar los 125.000 millones.

El ajuste del gasto para cumplir con los criterios de convergencia va a tener como primeros paganos a los funcionarios del Estado para los que el Ministerio de Economía plantea una congelación de su sueldo para el próximo año. Ni siquiera mantener el poder adquisitivo -es decir, subir lo mismo que la inflación prevista para ese año, 2,6%, incluidos los deslizamientos-, como sugirió el propio ministro de Economía, Rodrigo Rato, en sus primeras declaraciones en ese cargo. Fue el director de la Oficina Presupuestaria, José Barea, el prime ro que prendió la llama en una de sus frecuentes manifestaciones al sugerir la congelación. De llevarse a efecto, los funcionarios verían roto el compromiso que Firmaron con el Gobierno del PSOE en 1994 para subir sus sueldos de acuerdo con la inflación prevista en los tres años siguientes (hasta 1997). Los sindicatos han adelantado que exigirán que se cumplan ese acuerdo. Las centrales recuerdan que los funcionarios ya están acostumbrados a medidas similares en tiempos recientes. En 1993 la subida fue del 1,8% con una inflación del 4,9% y en 1994 se congelé el sueldo con una subida del índice de precios del 4,3%.

Las razones que esgrime el secretario de Estado de Presupuesto y Gasto Público, José Folgado, no es otra que la necesidad de recortar gasto como ya se ha hecho en diferentes partidas de los ministerios y el que se prevé para los capítulos referidos a gastos corrientes, en los que habrá una subida lineal todavía sin determinar.

Las razones de Folgado son aceptadas por los diferentes departamentos, pero no compartidas del todo. Sobre todo, por el responsable de los funcionarios, el ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy. Según fuentes consultadas, en Economía también se contempla la posibilidad de no ser tan drástico y proponer un subida por debajo de la inflación pero no congelación. Todo depende de si después de hacer todos los ajustes de gasto posibles quedan márgenes para ello.En la actualidad, trabajan para la Administración General del Estado -sin contar los funcionarios de las comunidades autónomas, los ayuntamientos y universidades- en torno a 610.000 personas, que son las que se verían afectadas directamente por la medida. El número total de empleados públicos es 1,7 millones. En el Presupuesto inicial de 1996, los gastos de personal activo previstos ascienden a 2,164 billones de pesetas. Si a esos se añaden los 6.56.000 millones de gastos de personal de la Seguridad Social, el total ronda los 2,8 billones. Tomando como referencia esa cifra, siempre sujeta a posibles deslizamientos, y la inflación que está prevista (2,6%), el ahorro podría situarse en alrededor de 75.000 millones de pesetas. Los sindicatos, en cualquier caso, hacen un cálculo en el que el ahorro para el Estado se acerca a los 100.000 millones de pesetas.A su vez, hay que contar con que la ausencia de oferta pública de empleo para el próximo año -anunciada por el propio Folgado el pasado martes y que supondría no cubrir las bajas vegetativas- tendría un ahorro adicional de 50.000 millones, según cálculos sindicales.Lucha contra el fraude

El Ejecutivo, que hoy tiene previsto someter a convalidación del Parlamento el decreto ley de medidas urgentes sobre internacionalización de la economía y doble imposición, está intentando además alcanzar acuerdos con grupos privados para financiar las obras de infraestructura. De la consecución de acuerdos de ese tipo puede depender, en alguna medida, el recorte de los sueldos de los funcionarios. También está contemplando el Gobierno hacer un aumento lineal en los gastos corrientes.

Otra tarea, en este caso para mejorar los ingresos, es el paquete de medidas contra el fraude y entre las que se incluirían, además de las relacionadas con Hacienda, las que tienen que ver con los pagos a la Seguridad Social.