La Agencia Antidroga dará toda su información a la policía para luchar contra el narcotráfico

Madrid abrirá una ventanilla pública contra los narcos. La Agencia Antidroga de la Comunidad prevé recibir y registrar "denuncias de particulares sobre elaboración, fabricación, manipulación y tráfico de sustancias de abuso" en la región. El nuevo organismo trasladará a policías, jueces y fiscales toda la información que recabe para que se investigue la denuncia y se persiga el posible delito. Así se establece en el artículo segundo del proyecto de ley de creación de la Agencia Antidroga, cuya redacción ya ha terminado Rosa Posada, consejera de Sanidad y Servi-cios Sociales.

La Agencia Antidroga es una vieja idea de Alberto Ruiz-Gallardón (PP). El presidente del gobierno de Madrid propuso hace varios años crear un organismo que coordinase todos los recursos públicos dedicados a la lucha contra la drogadicción. En Madrid atienden este problema con dinero público las tres administraciones, aunque hasta ahora cada una gestiona sus recursos con autonomía.Intentó Ruiz-Gallardón crear la Agencia Antidroga desde la oposición, pero fracasó por falta de votos. Ahora el éxito es seguro, pues el PP goza de mayoría absoluta en el Parlamento regional.

El nuevo texto legal que desarrolla el deseo del presidente regional tiene 13 artículos y será aprobado por el Consejo de Gobierno el próximo jueves, según anunció a este periódico Rosa Posada, consejera de Sanidad y Servicios Sociales. Su tramitación será sencilla, pues "la ley ha sido consensuada con los sectores afectados", según explica Posada.

En su segundo artículo, el texto relaciona las 12 grandes competencias de la Agencia Antidroga, entre las que se incluye la autorización de nuevos centros de atención a drogodependientes. Éstos son los poderes del futuro departamento:

Coordinar los recursos municipales y regionales para la prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción en materia de drogodependencias, incluido el alcohol.

Centralizar todos los estudios y análisis sobre toxicomanías que se elaboren en la Comunidad de Madrid.

Aprobar un sistema que permita la colaboración eficaz de organismos con responsabilidades coincidentes sobre el problema de las drogodependencias.

Intensificar las investigaciones sobre incidencias de nuevas sustancias y variaciones en el consumo.

Recibir y registrar denuncias de particulares sobre elaboración, fabricación, manipulación y tráfico de sustancias de abuso. Y poner en conocimiento de la autoridad competente esta información para su investigación y persecución.

Homologar y evaluar métodos y tratamientos que se apliquen en todos los centros existentes en la región.

Informar y orientar a los ciudadanos en materia de drogodependencias.

Autorizar nuevos centros y servicios que desarrollen sus actividades en materia de drogodependencias.

Con estas atribuciones, la Agencia Antidroga pretende paliar un problema principal. En Madrid se concentra el 10% de los drogodependientes de todo el país.

Los expertos en la lucha contra las toxicomanías han localizado a 40.518 ciudadanos con residencia en la Comunidad y con absoluta dependencia de la heroína. De este grupo, el 25% (casi 10.000) nunca ha acudido a un centro de rehabilitación; más de la mitad comparte jeringuillas; ocho de cada diez, aunque son portadores del sida, desconocen que están infectados.

El Partido Popular pretende integrar la atención al drogodependiente en las redes sanitarias y sociales y reforzar los planes de prevención y los programas de reinserción de toxicómanos rehabilitados, según explican los redactores de la nueva ley en su exposición de motivos.

La Agencia Antidroga será gobernada por 19 personas, que integrarán el consejo de administración: el presidente y nueve consejeros serán elegidos por el gobierno regional; otros cinco defenderán a los ayuntamientos (dos de ellos serán de Madrid); las asociaciones que luchan contra la droga tendrán dos votos; y el Estado, a través de la Delegación de Gobierno, sentará a otros dos representantes en el consejo.

Este gobierno de los 19 tendrá un consejo asesor con representantes de la Fiscalía Antidroga, la dirección general de Instituciones Penitenciarias, el Instituto Madrileño de Atención a la Infancia y la Dirección General de la Juventud.