Enmendar el destino

HAY CIERTA tendencia a la hipérbole en algunas manifestaciones del Gobierno y sobre todo de los medios más influidos por su aparato de comunicación. Ya sea la colaboración francesa en la política antiterrorista o la aprobación de algunas medidas liberalizadoras de la economía, el giro es, como poco, "copernicano" y toda iniciativa alcanza la condición de "histórica". Como los adolescentes que creen que el mundo empezó con ellos, algunos portavoces del nuevo poder recuerdan a los socialistas de los primeros ochenta en su convicción de estar llamados a enmendar el destino de España.Ello es en parte inevitable. Paul Valéry escribió que los oficios "cuya materia prima es la opinión que los otros tienen de uno" producen en quienes los ejercen una cierta tendencia al delirio: de grandeza o de persecución. Es su forma de autodefensa frente a, la impresión de estar siempre a la intemperie, sometidos a escrutinio de una opinión pública voluble y con claras tendencias sádicas. Por eso, la política es una de las escasas actividades en las que alabarse a uno mismo y a sus obras no se considera de mala educación.

Todo Gobierno trata de acreditar una determinada imagen y cuenta con especialistas en perfilarla. En consonancia con la personalidad de su presidente, el Partido Popular refundado de José María Aznar eligió dar la impresión de ser un equipo de hombres corrientes, pero capaces de grandes cosas. Se dijo que se trataba sobre todo de distanciarse de la estampa un tanto agobiante de los llamados líderes carismáticos, del estilo de Suárez o González. Otros piensan que los asesores de Aznar más bien hacían virtud de la necesidad. Lo peor que podría ocurrirles es interiorizar esa imagen y empeñarse en parecerse al retrato.

Comparar las moderadas medidas liberalizadoras aprobadas hace 15 días con la revolución thatcheriana es abusivo. Pero no tanto como invocar la desamortización de Mendizábal a propósito de la privatización de empresas públicas anunciada por el ministro de Industria. Más papistas que el Papa, algunos comentaristas desmelenaron su entusiasmo liberal asegurando- que reformas como la de la ley del suelo, la tributación de las plusvalías o la aprobación del segundo operador telefónico cambiarían "la vida cotidiana de los españoles". Más realista, el ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado, reconoció el jueves en el Congreso que las medidas relativas a suelo edificable "no pueden resolver la carestía del suelo de forma inmediata y milagrosa", y las calificó como un pequeño paso "de efecto limitado" hacia ese objetivo.

Por lo demás, resulta escasamente coherente con el supuesto talante liberal de los desmelenados considerar que la liberalización de la economía española fue un proceso iniciado por Ullastres a fines de los cincuenta y reanudado por Rato y Aznar 40 años después: las principales reformas liberalizadoras se han producido en los últimos 15 años, muchas de ellas como consecuencia de la integración en la Europa comunitaria.

Es cierto que esa liberalización ha coexistido con un aumento del gasto público, pero ello ha sido consecuencia sobre todo del atraso acumulado durante el franquismo en la construcción del Estado de bienestar, de la transformación del viejo sistema centralista en uno autonómico y de la necesidad de dotar al país de unas infraestructuras mínimamente homologables con nuestros socios europeos.

Ni siquiera la política de privatizaciones es una novedad. En los últimos años, el Estado ha obtenido más de billón y medio de pesetas de la venta de la mayoría de las acciones de sociedades como Argentaria o Repsol, entre otras. El ministro Piqué tuvo que corregir ayer a algunos entusiastas que habían identificado la venta de empresas públicas como el bálsamo capaz de hacer compatible la reducción del déficit con la rebaja de impuestos. Para que esa privatización tuviera efectos que vayan más allá del año en que se materialice la venta sería preciso que las empresas vendidas fueran las que producen pérdidas. Pero ya advirtió el ministro que privatizar todo no significa necesariamente las empresas. que más cuestan al Tesoro, como, por ejemplo, las minas de Hunosa, Renfe, Iberia, etcétera.

El impulso liberalizador es digno de elogio, pero el exceso de énfasis en su presentación puede engañar a la opinión pública. Mucho más cuando ese proclamado talante liberal no impide que se retrase cuatro o cinco años la apertura total del mercado de las telecomunicaciones para proteger a un nonato segundo operador telefónico. El liberalismo se pone a prueba en muchos campos: la economía, la cultura, la información. Y algunas de las señales que envía el nuevo Gobierno se compadecen mal con esa profesión de fe liberal que tanto se proclama.