Investigación sobre los papeles del FBI
![Antonio Caño](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Fbeac12ba-699c-4d3e-89c6-e30be1d9a86c.png?auth=74fed457e58f28ed1f5682cefdc437f0ffd7a482e0124e2212ab78e056c83af2&width=100&height=100&smart=true)
La mayoría republicana del Senado señaló ayer formalmente a la primera dama de Estados Unidos, Hillary Clinton, como la principal sospechosa de haber escondido y manipulado documentos que hubieran demostrado su comportamiento ilegal en el escándalo financiero conocido como Whitewater. Aunque el informe final del comité investigador de ese caso, pesentado ayer, no aporta pruebas nuevas ni definitivas contra el presidente Bill Clinton ni contra su esposa, los senadores republicanos consideraron que se han producido irregularidades suficientes en los últimos años como para acusar a la actual Administración de "una extendida práctica de abuso de poder".
La misión principal de la investigación que hoy comienza sobre los papeles del FBI será la de determinar si, tal como dice el Gobierno, los archivos de esa agencia fueron consultados únicamente con el fin de actualizar las credenciales de acceso a la. Casa Blanca. Sea cierto o no, lo que este conflicto ha revelado es que el control de entrada a la residencia del presidente de EE UU es un caos. El servicio secreto asegura que en su lista de acceso a, la Casa Blanca hay 24.000 nombres, unos identificados con la letra A de activos y otros con la letra l de inactivos.
Los republicanos del Senado acusan a la Casa Blanca de abuso de poder.
Los senadores demócratas que formaron parte de ese comité discreparon radicalmente de las conclusiones presentadas por sus colegias republicanos y les acusaron de haber tergiversado los hechos con fines exclusivamente políticos. El portavoz de la Casa Blanca, Michael McCurry, declaró queel trabajo del comité investigador ha sido "una planificada maniobra para causar daño político" y para influir en la actual campaña electoral. La Casa Blanca trataba ayer, al mismo tiempo, de desactivar otro de los escándalos surgidos en los últimos días, el de los papeles del FBI. El jefe del Departamento de Seguridad del Personal de la Presidencia, Craig Livingstone, principal responsable de la revisión de los archivos secretos del FBI sobre más de 400 ex empleados de antiguas administraciones republicanas, fue ayer apartado temporalmente de su cargo hasta que ese caso sea aclarado.
El presidente del comité investigador del Whitewater, el republicano Alfonse D'Amato, reconoció que, después de 13 meses de trabajo, ese órgano parlamentario no ha podido encontrar pruebas contundentes para emprender acciones legales contra ningún alto funcionario del Gobierno. Pero atribuyó esa carencia (le pruebas a la estrategia obstruccionista organizada por Hillary Clinton.
En relación con uno de los aspectos más controvertidos sobre Whitewater, el de los documentos que fueron sacados del despacho de Vincent Foster, un antiguo colaborador de los Clinton, la noche en que se quitó la vida, el informe del comité afirma que las principales sospechas recaen sobre Hillary Clinton, aunque tampoco aporta pruebas. Esos documentos fueron encontrados misteriosamente dos años después sobre el despacho de una de las secretarias de la primera dama. "El comité concluye que es más probable que sea la señora Clinton que ningún otro individuo quien dejara los documentos" en el lugar en el que fueron encontrados. En su testimonio ante el comité, Hillary Clinton declaró bajo juramento desconocer quién y por qué había hecho desaparecer los documentos durante dos años.
El comité considera que este episodio es "parte de un amplio comportamiento de retirar, ocultar y a veces destruir documentos que afecten a la representación de la señora Clinton en Madison". Madison es el nombre de la firma financiera de la que era dueño el socio de los Clinton en Whitewater y que quebró entre acusaciones de fraude.
Los senadores demócratas elaboraron sus propias conclusiones sobre el trabajo del comité. Entre ellas se afirma que ningún funcionario del Gobierno trató de ocultar pruebas sobre Whitewater, y que ninguno de los datos conocidos indican que el presidente o su esposa actuaran ilegalmente en la época en que ocurrió ese escándalo financiero, a finales de los años setenta y comienzo de los ochenta en Arkansas, cuando Bill Clinton era gobernador de este Estado.
Con la presentación de este informe se cierra uno de los capítulos de la controversia sobre la conducta ética de Bill y Hillary Clinton. Todavía sigue el trabajo del fiscal especial sobre Whitewater, Kenneth Starr; la investigación sobre el Travelgate (como se conoce el caso de los despidos en la oficina de viajes de la Casa Blanca, en 1993), y el más reciente, y quizá más peligroso, caso de los papeles del FBI. Hoy comienzan una serie de audiencias en el Congreso en relación con este episodio.
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