Hablemos de ley, no de moral

El debate que hoy comienza en el Congreso de los Diputados sobre la ampliación de la Ley del Aborto reabre la ya vieja polémica. Para algunos, el enfoque de la cuestión es de orden moral. Para otros, entre los que me incluyo, el debate que se propone es de índole legal y, por tanto, no debe basarse en el problema de conciencia que la interrupción del embarazo plantea, y que es respetable, sino en la consideración del aborto como un hecho punible que castiga con penas de cárcel a las mujeres que se someten al mismo y a quienes lo faciliten en determinadas circunstancias.Hablemos de leyes, no de conflictos morales. No deberíamos volver a entre mezclar ambos enfoques si realmente queremos actuar sensatamente desde un ordenamiento jurídico democrático. El deber de un Estado laico es comprender la cruda realidad de muchas mujeres que se encuentran incapacitadas por múltiples motivos para afrontar su maternidad, y la respuesta no debe seguir siendo considerar a las mujeres que interrumpen su embarazo como delincuentes. En este sentido se han manifestado los 189 países participantes en la IV Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada el pasado septiembre en Pekín. Todos los países, entre ellos España, suscribieron una Plataforma de Acción para atender los problemas de las mujeres en la que se afirmó "la necesidad de revisar las leyes que prevén medidas punitivas contra las mujeres que han tenido abortos ilegaIes".

El nuevo Código Penal, que ha venido en llamarse Código Penal de la Democracia, acaba de entrar en vigor. Este texto ha quedado pendiente, manteniéndose la regulación actual en el nuevo texto en tanto no se aborde de una manera global en una ley específica. No parece lógico, con las nuevas líneas de política criminal ni con el principio de intervención mínima que debe presidir toda actuación penal, mantener la amenaza de. cárcel para las mujeres que deciden interrumir su embarazo.

Seamos, por tanto, coherentes. Las respuestas morales se circunscriben al ámbito privado de la decisión personal pero no podemos, no debemos, añadir al hecho siempre traumático de un aborto la dura condena de la cárcel. No podemos condenar en Pekín lo que después mantenemos en. nuestro ordenamiento jurídico. La propia sociedad española ha evolucionado notablemente en este sentido. Las últimas encuestas de población, realizadas hace un año, ratifican que sólo un 19% de la población española estima que los abortos ilegales deben ser castigados penalmente.

Por otro lado, las condenas, por duras que hayan sido o aún puedan ser, han demostrado ser ineficaces para atajar definitivamente el problema. La despenalización ole la interrupción voluntaria del embarazo en los tres supuestos vigentes (riesgo para la salud de la madre, malformación del feto y embarazo como consecuencia de una violación) demuestra que los abortos producidos en España no se utilizan como un método anticonceptivo más, como temían los sectores más conservadores. Las estadísticas confirman que sólo 5 de cada 1.000 españolas entre 15 y 44 años deciden anualmente no seguir adelante con su gestación.

No obstante, el problema no se ha resuelto. Desde julio de 1985, fecha de la entrada en vigor de la despenalización actual, se han tramitado en España más de 260 causas judiciales y más de 1.000 diligencias. No son sólo cifras. Detrás hay demasiados dramas personales. Para atender este problema latente surge la ampliación de la despenalización del aborto que ya propuso el Grupo Parlamentario Socialista en la anterior legislatura y que el obstruccionismo de la derecha impidió que fuese debatido en las Cortes. En, esta legislatura ha sido la primera proposición de ley que los socialistas hemos presentado. El nuevo supuesto exige la existencia de un grave conflicto personal, familiar o social para que la mujer interrumpa su embarazo. El plazo máximo permitido para hacerlo son las 12 primeras semanas de gestación y la tutela de la vida embrionaria se lleva a cabo mediante el asesoramiento a la mujer en uno de los centros establecidos al efecto. En dichos centros se informará a la mujer de las razones que asisten al Estado para tutelar la vida del nasciturus y de todas las ayudas familiares, económicas y sociales disponibles, tanto si la mujer decide continuar como interrumpir su embarazo. Se establece, además, que el asesoramiento debe evitar la intimidación, propiciar la comprensión y reforzar el sentido de responsabilidad de la mujer en vez de reprimirlo ya que, según se indica en su articulado, en ningún caso estos centros podrán asumir la función de autorizar o denegar en la práctica la interrupción del embarazo, ni condicionar la decisión final de la mujer. Se prevé igualmente la financiación de la intervención en el caso de que la mujer no disponga de recursos ecónomicos propios.

La ampliación de la despenalización sobre el aborto que ahora se propone es similar a la existente en otros países de nuestro entorno como Gran Bretaña, Alemania, Italia, Austria, Bélgica, Suiza, Noruega, Islandia o Finlandia. Es, en definitiva, una ley que trata de dar una respuesta civilizada, desde la sensibilidad predominante en la sociedad española de fines del siglo XX, ante la grave situación jurídica en la que se encuentran las mujeres con un embarazo no deseado que no puedan o no quieran asumir. Una ley que garantiza el derecho de las mujeres a decidir de forma libre y responsable como personas adultas, sin innecesarios y denigrantes tutelajes.

Las mujeres no deseamos abortar. Reivindicamos el derecho a la vida. Pero también reivindicamos el derecho a la libertad para quien no pueda asumir traer un hijo al mundo.