¿Hasta cuándo?

Ya es hora de romper el silencio ante ciertos problemas que vive el ministerio fiscal en nuestro país desde hace algunos meses. Y lo hacemos precisamente para denunciarlos y reclamar una solución inmediata y efectiva dado que el estado de las cosas a que nos referimos -unos nombramientos pendientes- expresa objetivamente un abandono -cuando no un menosprecio- de la institución y los fines que cumple constitucionalmente.El problema arranca ya con el anterior Ejecutivo y, en particular, con su ministro de Justicia e Interior.

Pero, previamente, para no propiciar interpretaciones erróneas conviene hacer varias precisiones.

Siempre hemos expresado que conforme a la legalidad vigente el ministerio fiscal, en su actuación, es plenamente independiente del Ejecutivo, cualquiera que sea su significación política, dependiendo exclusivamente del fiscal general del Estado. Con la garantía de que éste, para preservar su independencia, no puede recibir órdenes ni instrucciones del Gobierno.

Todo ello es la consecuencia lógica de la definición constitucional del ministerio fiscal por el artículo 124 de la Constitución en el ámbito del Poder Judicial. Ciertamente, la misión que le corresponde en la Administración de justicia le hace radicalmente incompatible con un fiscal sometido al Gobierno. Los principios de legalidad y de imparcialidad que rigen su actuación imponen que la estructura jerárquica del ministerio fiscal concluya en el fiscal general del Estado, pese a que en ciertos momentos pasados su actuación ha estado demasiado condicionada por el interés del Gobierno en detrimento de una aplicación rigurosa del principio de legalidad. Es fácil de comprender, el ministerio fiscal dejaría de ser lo que quiere la Constitución si se rigiera por los principios que presiden la acción de la Administración pública.

La persecución obligatoria de los delitos, de todos los delitos, que debe alcanzar por igual a todos los ciudadanos, obliga a un ministerio fiscal riguroso y fiel a los principios constitucionales, sobre todo cuando los delitos se cometen en el ámbito del poder económico y politico.

Pero igualmente hemos mantenido, y con ello nos acercamos al núcleo de la cuestión que deseamos denunciar, que el ministerio fiscal, en la medida en que no está integrado en el Consejo General del Poder Judicial, es en el Ejecutivo donde debe encontrar el soporte económico y de medios personales y materiales. Como también entendemos que, como establece el régimen jurídico vigente, al Ejecutivo le corresponde el nombramiento de los fiscales jefes, que constituyen el escalón jerárquico entre todos los fiscales y el fiscal general del Estado, sistema de nombramientos que, evidentemente, podría corregirse y mejorarse.

Pero el Gobierno, en el ejercicio de esa facultad, también "está sometido plenamente a la ley y al derecho" y, desde luego, debe obrar sirviendo con objetividad los intereses generales, que en este caso consisten en el aseguramiento de las condiciones objetivas, materiales y personales, para un funcionamiento correcto y eficaz del ministerio fiscal.

Y, aunque parezca innecesario decirlo, el Gobierno, a la hora de llevar a cabo los nombramientos de los cargos en el ministerio fiscal, debe atender por encima de cualquier otro criterio a los de mérito y capacidad de los que aspiran a tales cargos, excluyendo cualquier discriminación por razones de origen ideológico o político.

Y en todo caso, el Gobierno y, sobre todo, antes el Ministerio de Justicia e Interior, ahora el de Justicia, debe informar -por un imperativo elemental de transparencia en su gestión- de las decisiones que adopte o de las razones de no adoptarlas. Porque con demasiada frecuencia es tal el silencio y el secretismo que envuelven el proceso de nombramiento de los cargos del ministerio fiscal que desde luego no se corresponde con las exigencias de un Estado democrático. Dicho esto, exponemos el grave problema pendiente de solución.

El pasado 30 de enero, el fiscal general del Estado, con el respaldo de una amplísima mayoría del Conse o Fiscal -órgano consultivo compuesto mayoritariamente por fiscales elegidos de entre ellos-, propuso al anterior ministro de Justicia e Interior el nombramiento de fiscales jefes de Cataluña, Málaga y Salamanca y cinco fiscales del Tribunal Supremo.

No es necesario insistir en la importancia de todos estos cargos, pero en particular en las Fiscalías de Barcelona y Málaga por el número de fiscales que las componen, el volumen de los asuntos y la complejidad de muchos, fiscalías que carecen de fiscal jefe desde principios de diciembre de 1995, manteniéndose, pues, un dilatado periodo de gobierno de las mismas en régimen de interinidad.

Lo cierto es que hasta esta fecha nadie sabe qué ha ocurrido ni qué está ocurriendo. Se desconoce si el ministro de Justicia e Interior trasladó la propuesta del fiscal general del Estado al Gobierno y la decisión que, en su caso, se adoptó y, en todo caso, transcurrieron tres meses hasta la constitución del nuevo Gobierno no sólo sin que se adoptara ninguna decisión, sino sin dar una explicación oficial de por qué no se había procedido al nombramiento de los fiscales propuestos por el fiscal general del Estado, situación que no es tolerable para el ministerio fiscal ni para la Administración de Justicia.

Ello permitiría afirmar que el Gobierno, objetivamente, no sólo no asume las responsabilidades que la Constitución le otorga respecto del ministerio fiscal, sino que genera, sobre todo, en dos de las fiscalías más importantes de España, una indefinida situación de provisionalidad, que sin duda perjudica al funcionamiento del ministerio fiscal.

¿Hasta cuándo se va a mantener esta situación? Nadie discute los méritos y la capacidad de los fiscales propuestos para dirigir las Fiscalías de Barcelona, Málaga y Salamanca, y, en particular, cómo es posible que pueda dudarse de la capacidad y eficiencia profesional de José María Mena, con más de treinta años de intensa dedicación a la causa de la democracia y de la justicia, para ocupar la Jefatura de la Fiscalía de Barcelona.

Como estamos seguros que el Gobierno no consentirá ninguna injerencia de otro poder -incompatible con su plena autonomía en esta decisión- y mucho menos cualquier clase de discriminación -excluida por la Constitución- confiamos que se superen los obstáculos que puedan existir para salir de esta penosa situación.

El actual estado de cosas expresa inevitablemente las carencias de la regulación actual del ministerio fiscal que se exponen ampliamente en el Libro Blanco sobre el ministerio fiscal que está a punto de publicarse por la Fiscalía General del Estado. Y justifican las voces de quienes reclaman, aunque ello conlleve una reforma constitucional, llevar al ministerio fiscal hacia el ámbito parlamentario o del Poder Judicial.

Porque no es admisible que el Gobierno, cualquiera que fuese, pudiese "gobernar" el ministerio fiscal a través de la dotación de los recursos y, sobre todo, de los nombramientos en función de principios o intereses que no sean estrictamente los de un servicio público imparcial y eficaz para los ciudadanos. Si así fuera, la crisis institucional no sólo afectaría al ministerio fiscal, sino al propio sistema democrático.