CiU quiere introducir cambios en la reforma de telecomunicaciones decretada por el Gobierno

Convergència i Unió no está de acuerdo con algunas de las medidas que anunció el Ejecutivo en su decreto ley sobre liberalización de telecomunicaciones y pedirá que ese mismo texto se tramite como proyecto de ley, lo que le permitirá introducir algunas modificaciones en el texto. Eso no impide que la semana que viene convalide el decreto ley en el Congreso de los Diputados, según aclararon anoche fuentes de la coalición nacionalista catalana tras una jornada en la que so, apreció cierto nerviosismo entre el Gobierno y su aliado.Es justo en el área estratégica de las telecomunicaciones donde han aparecido las primeras fisuras. Ayer por la mañana se produjeron varias filtraciones a agencias informativas, todas ellas atribuidas a "fuentes de CiU" no especificadas, en las que se daba cuenta de serias diferencias y de la intención del grupo parlamentario de CiU, cuyo portavoz es Joaquin Molims, de no votar a favor del decreto ley. A última hora de la tarde, un cruce de comunicados de CiU y del Ministerio de Fomento reflejó el restablecimiento de un consenso, en el sentido de que el decreto ley será convalidado, sin perjuicio de su discusión posterior como proyecto de ley.

Lluís Recoder, portavoz de telecomunicaciones del grupo de los nacionalistas catalanes en el Congreso de los Diputados, confirmó a este periódico que CiU pedirá que el decreto, una vez convalidado por el Congreso, sea tramitado como proyecto de ley. "Aunque es un decreto con el que estamos básicamente de acuerdo en las medidas referidas a la LOT y a la creación, del segundo operador, creemos, sin embargo, que hay otros temas de detalle que deben ser debatidos. Primero convalidaremos el decreto y a continuación pediremos que se tramite como ley".

Recoder no quiso pronunciarse con claridad sobre uno de los temas que CiU considera "de detalle", el de la moratoria de 24 meses que el Gobierno impone a Telefónica para operar en el cable. "En la tramitación de la Ley del Cable defendimos poner ciertos obstáculos a Telefónica, que al final, como fruto del consenso, se quedó en nueve meses. Lo de los 24 meses, como si son 18, es una cuestión de matiz que podemos reconsiderar".

Los problemas

Que el Gobierno y CiU están de acuerdo en las bases sobre la liberalización de telecomunicaciones parece fuera de duda. Pero también está claro que existen puntos de desacuerdo que necesitan tiempo.La opinión de CiU sobre los contenidos de las medidas de liberalización fue transmitida por el consejero de Industria de la Generalitat, Antoni Subirá, el pasado día 5 de este mes, al ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado. El decreto, sin embargo, creaba un organismo como autoridad reguladora del sector -la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, cuyos miembros nombra enteramente el Gobierno-, modificaba algunos artículos de la LOT y de la Ley del Cable y organizaba la creación del segundo operador de telefonía.

Uno de los mayores puntos de desacuerdo se refiere a la legalización, en la práctica, de todas las redes de cable existentes o pendientes de aprobación por alguno de los múltiples concursos municipales.

En torno a cuarenta de estos concursos habían sido impugnados por la dirección general de Telecomunicaciones del anterior equipo socialista, pero el ministro Arias Salgado decidió recientemente retirar estos recursos.

Retraso en las decisiones

Si se cumple la medida aprobada por el Gobierno de adoptar el principio de "cable para todos", podría darse el caso de múltiples operadores de cable en un distrito. La ley sólo permite dos por demarcación: el de Telefónica y Otro que se decide por concurso. Al menos 700 operadores de cable han pedido una licencia provisional al, Gobierno, amparándose en que existían antes de la entrada en vigor de la ley. El Ministerio de Fomento decidió ayer retrasar hasta el 14 de septiembre el plazo para resolver dichas concesiones provisionales debido a "la complejidad del procedimiento", según un portavoz.Los grupos parlamentarios Socialista y de Izquierda Unida defienden que el decreto se tramite como una ley. El primero de ellos está estudiando presentar un recurso de inconstitucionalidad, según anunció ayer en la SER el ex ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba. Para el catedrático y dirigente de Nueva Izquierda (integrada en IU), Diego López Garrido, puede ser inconstitucional usar un decreto ley para una reforma estructural.