Canarias, Andalucía y Baleares, autonomías más infractoras de la Ley de Costas

El elenco de irregularidades que vulneran la Ley de Costas es amplio. Se recalifican terrenos, se levantan hoteles en la misma arena de la playa y de la nada surgen playas artificiales. Se necesita para ello la complicidad entre las instituciones o entre éstas y los promotores privados. Baleares, Canarias y Andalucía se llevan la palma en cuanto al volumen de infracciones, según denuncia la organización ecologista Adena WWF, que ayer presentó su nueva campaña Ley de Costas, pesquería y contaminación, que trata de los problemas de mares y costas españoles.

La modélica isla de Lanzarote ha sucumbido a la fiebre transgresora. Dos hoteles a pleno rendimiento, en el término municipal de Tias, Apartahotel Fariones Playa y Apartahotel Costa están, plantados directamente en la playa sin que las movilizaciones populares hayan podido con ellos. De esta isla quiere hacerse la gallina de los huevos de oro: "empresas constructoras han entrado en contacto con el Cabildo de Lanzarote para duplicar la actual oferta de plazas hoteleras"."Las administraciones locales costeras son muy vulnerables porque sus ingresos vienen del turismo y de las licencias para construir", señaló Joaquín Araujo, naturalista y premio Global 500 de la ONU durante la presentación de la campaña Ley de Costas, pesquerías y contaminación que Adena WWF lanzará en julio. El delta del Valle del Gran Rey, en la isla de la Gomera, ha sido recalificado de rústico a urbano por el acuerdo entre la Administración, el Cabildo de La Gomera y el Ayuntamiento correspondiente.

En Tenerife 1.200 millones de pesetas, del erario público, van a acabar tiradas al mar. El modelo fue el de hechos consumados. Las administraciones autonómica y central construyeron un dique, en Arachico, sin antes efectuar el estudio de impacto medioambiental. Una organización ecologista lo denunció y la justicia ha ordenado volver a dejar todo como estaba. Habrá que demoler.

Viviendas en la playa

La pereza burocrática y el desconocimiento de las irregularidades favorecen la ilegalidad. En Manilva (Málaga) la entidad Aldea Beach S.A fue multada con 81 millones de pesetas por construir 137 viviendas en la zona de protección de la playa del Negro después de 1988, año de la Ley de Costas.También el ayuntamiento de Fuengirola ha sido sancionado, añade Adena, por instalar 37 casetas de madera en terrenos de dominio público en la playa del Paseo Marítimo.

Las playas artificiales son el último invento para exprimir el suelo costero. Abundan en Canarias y el alcalde de Marbella intenta llevar a cabo un nuevo proyecto. "Además, se financian con dinero público", precisa Ezequiel Navío, responsable del programa marino de Adena. El pecado es doble. "Primero se extrae la arena del fondo marino, que habrá que regenerar, y después la administración ofrece suelo para una playa donde no la había".

Navío se refirió también a los nuevos puertos deportivos, a los que se añaden espigones que tienen un efecto enorme sobre kilómetros de playa, debido a los desplazamientos de arenas.

Asturias es la redentora de los despropósitos que deterioran las costas. Ha ampliado el margen litoral de los 100 metros que indica la Ley de Costas a 200. Según denunció Araujo, "el litoral español ha perdido sus condiciones ambientales en un 70%". Los efectos contaminantes y la explotación pesquera, hacen el resto.

Adena lanzó un aviso al nuevo gobierno: "Transferir las competencias a las autonomías, que son las más infractoras, supondría un retroceso muy serio en el esfuerzo de las instituciones públicas para proteger los litorales de este país". La organización ecologista denuncia en su campaña la falta de "voluntad política de los responsables españoles para frenar el deterioro de nuestras costas y mares y restaurar de modo correcto, no cosmético, los ecosistemas litorales dañados".

Adena WWF, exige en su campaña, que el dominio público marítimo-terrestre continúe siendo un bien público "administrado coordinadamente por el gobierno de la Nación, mediante la Ley de Costas, que evite la venta más o menos directa a intereses especulativos y garantice su preservación y restauración". Navío insiste en que la Ley de Costas "puede funcionar muy bien, y de hecho es una ley modélica, aunque habría que introducir algunas mejoras en la práctica".