El 'caso Cañellas'

GABRIEL CAÑELLAS nunca llegó a digerir su forzada dimisión en julio de 1995 al frente del Gobierno y del Partido Popular de las islas Baleares por culpa del caso Sóller, presunto cobro de comisiones ilegales por parte del PP a cambio de la concesión de las obras de un túnel de peaje. El hombre fuerte del PP en la comunidad autónoma balear durante más de una década se consideró entonces "víctima de un acto de imagen injusto y desproporcionado" por parte José María Aznar ante la magnitud de un escándalo que amenazaba con estropearle a éste su cuidadosa estrategia de acceso a La Moncloa.Esa actitud de Cañellas ha constituido un serio condicionante al desarrollo normal de la vida política e institucional de Baleares en el año que aquél lleva fuera del poder pero manejándolo en la sombra. Por eso no resultan convincentes las explicaciones que los máximos dirigentes populares, incluido Aznar, se han apresurado a dar sobre la reciente dimisión de Cristóbal Soler, investido presidente hace poco menos de un año en sustitución de Cañellas a raíz de dicho escándalo. Formalmente esas explicaciones son congruentes: la remoción de Soler se debe simplemente a que el grupo parlamentario popular de Baleares le ha retirado la confianza que depositó en él hace un año. Pero es difícil no ver la mano de Cañellas en lo que tiene los visos de ser -más allá de las apariencias- una defenestración de su sucesor al frente del Gobierno balear. Soler había adoptado en el escaso año de su mandato claras iniciativas de gobierno en cuanto a incompatibilidades y normalización lingüística, e incluso turismo, que no han debido de ser del agrado de su antecesor en el cargo. Además había tenido la osadía de anunciar la formación de un nuevo Gobierno sin consultar previamente a Cañellas.

Este cambio en el escenario político balear ha coincidido con nuevos sobresaltos judiciales en los casos Calvià y Sóller. Del primero se había librado hasta ahora Cañellas -la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca. condenó en 1993 a dos militantes del PP y a un comisionista-, pero unas cintas magnetofónicas mantenidas a buen recaudo por uno de los inculpados han puesto de nuevo a los jueces en la pista de más altos implicados en este caso de corrupción, entre ellos Cañellas. El polémico dirigente del PP balear se enfrenta ahora a una imputación de cobro de comisiones y de adjudicación injusta del túnel de Sóller en 1989 y a otra de intento de soborno, en 1992, a un concejal socialista para que la alcaldía de la población turística de Calvià pasara de manos del PSOE a las del PP.

Aznar forzó a Cañellas a abandonar los cargos institucionales, pero le dejó en la reserva al frente del partido. Que un político implicado en los dos casos de corrupción más sonados de Baleares siga desde la sombra marcando el paso del Partido Popular y del Gobierno de esa comunidad autónoma desafía todos los principios éticos y democráticos. La plana mayor del PP no puede hacerse por más tiempo la distraída y seguir dando explicaciones más o menos bienintencionadas pero ajenas a la realidad de lo que sucede en Baleares. Alguna vez el Partido Popular tendrá que atreverse a borrar esa mancha -el caso Cañellas- que empaña la imagen de honradez y transparencia que pretende dar a su forma de hacer política y de gobernar.