Dictada orden de detención contra el procurador general de Colombia

El Gobierno de Colombia intenta buscar con urgencia una salida para evitar que la Procuraduría General -fiscalía de los funcionarios públicos- quede acéfala a raíz de la orden de detención decretada ayer por la Fiscalía de la Nación contra el procurador general en funciones, Luis Eduardo Montoya. Éste reemplazó al titular del cargo, Orlando Vásquez Velásquez, detenido a principios de mayo por sus presuntos vínculos con los carteles de la droga. Montoya, al igual que Vásquez, está acusado de tres delitos: falsedad en documento, fraude procesal y falso testimonio.

Los dos funcionarios judiciales, en su afán por tumbar al fiscal general de la nación, Alfonso Valdivieso -quien tiene en sus manos el llamado Proceso 8000, que investiga la relación entre la mafia del narcotráfico y la política-, utilizaron testigos falsos para acusarle por una irregularidad cometida cuando Valdivieso ocupaba el puesto de ministro de Educación.Para evitar un vacío legal en la Procuraduría de la Administración, la orden no será efectiva hasta dentro de cinco días hábiles. En este tiempo, el Senado suspenderá de su cargo a Montoya e intentará definir si se nombra a un nuevo procurador o se busca a un sustituto temporal.

Mientras tanto, ayer se conoció un hecho que, según los analistas, da sustento jurídico al Proceso 8000. Gilberto Rodríguez Orejuela, uno de los jefes encarcelados del cartel de Cali, solicitó la terminación anticipada del proceso y aceptó los cargos por narcotráfico, presuntamente a cambio de que su condena no exceda de 20 años de cárcel.

Los defensores de los acusados en el nercoescándalo han alegado hasta ahora que el delito de enriquecimiento ilícito -del que también está acusado el presidente Ernesto Samper y ha llevado a siete congresistas colombianos a prisión- sólo se configura cuando las personas que entregan el dinero han sido previamente sancionadas judicialmente por narcotráfico.

Artimaña legal

En lo que parece una carrera contra el tiempo, muchos de los implicados en este escándalo han decidido acogerse a la terminación anticipada del proceso, una artimaña legal que les reporta beneficios en la duración de la condena. El último en acogerse a esta medida fue el senador Alberto Santofinio. Tras más de dos décadas en las cuales negó insistentemente su cercanía a las mafias de la droga, finalmente aceptó su culpabilidad.Por otro lado, el llamado juicio del siglo contra el presidente Ernesto Samper, acusado de haber llegado al poder con dinero del cartel de Cali, lleva ya diez días de duración en la Cámara de Representantes colombiana. Todos los observadores políticos coinciden en afirmar que en el Congreso aún no ha pasado nada relevante.

La mayor polémica ha tenido que ver con la participación o no de Luis Guillermo Nieto Roa, abogado del jefe del Estado. Los representantes votaron a favor de darle el uso de la palabra, pero, hace dos días, una resolución dio la razón a la minoría que asegura que en esta etapa del proceso sólo pueden intervenir los representantes. "¿Quién tiene miedo a que yo hable?", preguntó de inmediato el abogado. Y el presidente Samper asumió la defensa de su letrado. En un comunicado afirmó que alguien trata de "sacar ventaja". Desde el jueves por la noche, Nieto Roa sigue el debate desde la tribuna dedicada al público, al lado de los periodistas.

Finalmente, ha surgido un nuevo escándalo en Colombia que tratan de utilizar al máximo los defensores de Samper. Andrés Pastrana, ex candidato a la presidencia, reconoció ayer que Harry Beda -detenido hace pocos días dentro de una gran operación contra el blanqueo de divisas norteamericanas realizada en Colombia- ocupó un importante cargo en su campaña presidencial.