El modelo autonómico español

Me refiero a una reciente tribuna publicada [el 17 de mayo] por los profesores Monasterio y Zubiri. Vaya por delante mi reconocimiento a sus trabajos sobre financiación autonómica, parte de las cuales utilicé en otra tribuna mía anterior (27 de abril de 1996), pues me han parecido excelentes. Tengo que rechazar, sin embargo, las descalificaciones que realizan en la misma que titulan Sabemos de qué estamos hablando. Efectivamente, algunos sí lo sabemos. Estamos hablando de que el modelo autonómico español es un modelo de Estado más caro y más injusto que cualquier otro modelo descentralizado que podamos tornar como referencia (Estados Unidos, Alemania o Suiza). Estamos hablando de que el gasto extra generado por el sistema autonómico equivale a nuestro déficit público, y, en consecuencia, si este gasto extra no se reduce, o no cumpliremos a tiempo los criterios que exige la Unión Monetaria o deberán recortarse de inmediato los gastos del Estado de bienestar. Estamos hablando de que en un momento clave de nuestra historia, en el que se concretan aspectos esenciales del modelo futuro de Estado, el 92% de los españoles que hemos votado a partidos "no nacionalistas" no pintamos absolutamente nada, pues son las minorías nacionalistas las que tienen el poder efectivo, y para que una minoría (nacionalista o no) imponga sus criterios a la mayoría, Pasa a la página siguiente Viene de la página anterior no se ha hecho la transición, ni se han vertido sangre, sudor y lágrimas en décadas de lucha por la democracia. De eso estamos hablando.Los profesores Monasterio y Zubiri dicen que he cuantificado "a ojo" el gasto extra del sistema autonómico. Veamos; en 1980 el total de empleo en las administraciones públicas ascendía a 1.200.000 personas, en 1995 esta cifra era de 1.800.000, de las cuales 520.000 correspondían a las comunidades autónomas. En las economías de nuestro entorno, el empleo público sólo ha crecido moderadamente, y en España ha crecido un 50%. Puede demostrarse fácilmente que la diferencia es, en su mayor parte, debida a la duplicación de funciones y la burocracia añadida que ha supuesto el modelo autonómico, y que cuantifico en función de la diferencia porcentual respecto al entorno. A esto hay que sumar el coste de 17 gobiernos adicionales (gobierno, parlamentos, alquileres, compras, gastos de representación, etcétera, excluyendo funcionariado), las "irrelevantes" pérdidas de las televisiones autonómicas y las inversiones localistas de dudosa justificación, cuyo montante supera los 300.000 millones de pesetas al año. En conjunto una cifra de gasto extra del sistema autonómico cercana a los dos billones de pesetas al año. En cuanto a la equidad, la cuestión es más grave aún, y me remito literalmente a lo que afirman los profesores Monasterio y Zubiri: "Puede ser legítimo que alguien desee que todos los españoles tengan el mismo nivel de prestación de servicios (sic), pero entonces su preferencia es tener un Estado centralista y su incomodidad es con la Constitución de l978". Así, el actual modelo autonómico garantizaría la igualdad sólo en un "mínimo de salida". Después, las comunidades autónomas más ricas tendrán más y mejores servicios garantizados (mejores sanidad y enseñanza, mejores sueldos a sus funcionarios, más infraestructuras, etcétera) y las más pobres menos; y además las comunidades autónomas pobres deberán estar agradecidas, porque este mínimo sólo lo consiguen después de que las ricas hayan ejercido su solidaridad interregional. Y para que no quede duda, los ricos darán cuantificada su "solidaridad" a fin de que los pobres sepan "de qué estamos hablando". Es decir, un mecanismo perfecto para desintegrar la cohesión social y la convivencia en cualquier país. ¿Conocen esto los españoles? Me temo que no, y alguien debería explicárselo con claridad.

Termino; consideran "falaz" mi contraposición o autonomías o Estado de bienestar: ¿con qué se puede comparar si no, cuando el Estado de bienestar constituye el grueso de nuestro gasto público?; "los ciudadanos (afirman) pueden preferir gastarse su dinero, en ver partidos de fútbol o pagar a sus parlamentarios en vez de en comprar dos aviones de combate más"; cuando el Ejército o la Guardia Civil carecen ya de los medios materiales mínimos para realizar sus funiones, dudo que una mayoría de ciudadanos prefieran ver un partido de fútbol, que, además, pueden ver gratis en un canal privado. Lo esencial es que hay muy poco donde recortar significativamente sin daño grave para el funcionamiento del país, ni en Defensa, ni en infraestructuras, ni en los exiguos sueldos de los funcionarios de la Administración central; sólo queda el gasto extra de un sistema autonómico disparatado, que corre el peligr0 de acentuar gravemente la desigualdad y romper nuestra cohesión social, algo contrario a la Constitución de 1978.-