El fiscal centra los indicios criminales del 'caso Sóller' en el PP y la fundación privada de Cañellas

Casi 11 meses después de su dimisión por el escándalo del caso Sóller, Gabriel Cañellas, ex presidente del Gobierno balear y del PP, el hombre que sigue manejando la derecha conservadora de Baleares, apareció ayer como imputado por un posible delito de cohecho en el sumario de la causa. Hasta el momento tan sólo figuraban como acusados por su presunta responsabilidad en el desvío de fondos en la financiación irregular del PP insular el empresario Antonio Cuart, que fue favorecido con la adjudicación del túnel de Sóller, y el publicista Sebastián Crespí, que trabajó en 1990 para el PP.

La fundación privada Illes Balears, que creó y controla Cañellas, y el propio Partido Popular están relacionados en el centro de los elementos incriminatorios acumulados por el fiscal del caso Sóller, Juan Carrau. Tras nueve meses de instrucción en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares sobre el posible cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación del túnel de peaje de Sóller, el fiscal recuerda la participación de Cañellas en la sesión del Gobierno que decidió alterar el orden de puntuación del concurso público del túnel. Se modificó la prelación de ofertas consideradas por los técnicos como "más conveniente a los intereses públicos".Cañellas fue consejero con el empresario del túnel en la empresa Salinera Española, que durante años -hasta meses después de su elección como presidente del Gobierno balear en 1983- dirigió como gerente en sus operaciones industriales y urbanísticas a través de la filial Ibifor. Ambos dicen que ostentan una participación mínima.

Dinero para la fundación

Hace una semana, Cañellas fue implicado por el juez José Castro en el soborno del caso Sóller. Ahora aparece imputado en el supuesto cohecho del caso, que en julio de 1995 le forzó a renunciar a sus cargos ínstitucionales, obligado por Aznar como una manera de depurar sus responsabilidades políticas en este escándalo de presunta corrupción."No hay ningún delito", dijo Cañellas ayer. "No hay prevaricación, ni ninguna prueba, ni ninguna posibilidad de que la prevaricación se convierta en cohecho al no existir hechos legales que lo permitan. Cae por su propio peso". Ayer, en reiteradas declaraciones, el ex presidente balear y el abogado del PP señalaron que se citan circunstancias ocurridas hace siete años, y reclamaron una vez más el archivo por prescripción de la causa.

El ex mandatario balear dijo que su citación para declarar como inculpado "era lógica ( ... ) ante las continuas imputaciones y denuncias de IU, la única voz estridente y disonante". "Siempre he actuado conforme a derecho y ajustado a la ética y las disposiciones legales". Opinó que una imputación es una medida precautoria, una forma de acceder ante el juez para testificar.

La fundación Illes Baleares -que ha recaudado donaciones por 1.096 millones de pesetas de grandes empresas y bancos- y el Partido Popular "parecen haber recibido dinero procedente de la empresa concesionaria de las obras", señala el escrito del fiscal. Más de 40 millones de pesetas en cheques y talones de la compañía del túnel fueron detectados por la policía y Hacienda, en junio de 1995, en cuentas del PP insular y en pagos efectuados por la organización a proveedores electorales.

El ex secretario general del PP balear y actual consejero en funciones, José Antonio Berastáin, que era apoderado del PP y de la fundación, no ha sido imputado por el fiscal y declarará como testigo, "sin perjuicio de los elementos de incriminación que pudieran aparecer". El fiscal señala que en estos momentos "no hay indicios de que gestionara el dinero del PP con conocimiento y finalidad de colaborar en un cohecho".

Juan Carrau no estima adecuada la citación como inculpados del resto de cargos del PP de Menorca, Ibiza y Formentera que tenían firma en las cuentas del partido en las que se localizaron partidas de fondos. Idéntica posición mantiene para los consejeros del Gobierno balear que decidieron la adjudicación.

Un talón de 1.607.914 pesetas procedentes de las arcas del túnel se ingresó como donativo anónimo en las arcas de la fundación Illes Balears. Su presidente manifestó públicamente semanas atrás que la entidad recibió 94 millones de pesetas de ayudas en esta modalidad opaca y subrayó que se habían cumplido los fines fundacionales y la normativa fiscal. IU, que actúa como querellante en el caso, ha solicitado que se indague el origen de los fondos sin donante reconocido. Hacienda sugiere que se examine si las empresas donantes obraron con transparencia fiscal en sus cuentas.

El juez de la sala de lo Penal Juan López Gayá dirigió en la mañana de ayer una prueba pericial en la que los inspectores de Finanzas del Estado Francisco Izquierdo y Javier Guillot desmenuzaron sus indagaciones sobre las cuentas, balances y funcionamiento de la Illes Balears y aportaron información sobre la vinculación de la compañía concesionaria del túnel de Sóller y la entidad de Cañellas.