El Estado secreto

Ha sido una mala noticia para todos los demócratas. Pero no precisamente por los sucesos más espectaculares (generales interrogados, prisión de Galindo), sino porque sale a la luz la trama verde de que hablaba el PNV, la cual supuestamente sería responsable, entre otras fechorías, del secuestro, tortura y muerte de Lasa y Zabala. Y no es seguro que el nuevo Gobierno, profundamente enraizado en la derecha española, dé a los jueces lo que éstos le piden; en realidad, una simple compulsa de unos documentos ya conocidos en copia, que por consiguiente nada tienen hoy de secretos ni de atentatorios contra la seguridad del Estado. Dé no existir los mismos en el archivo del Cesid sin que medie previa destrucción, podríamos respirar hondo y ver las cosas de otro modo. Pero si por una aplicación ramplona de la razón de Estado, los documentos están o estuvieron ahí y con la no-entrega se estrangula el procedimiento, el caso vasco entraría en un callejón sin salida. En efecto, ¿cómo recomendar a los vascos que acudan a la próxima manifestación por la paz si el Estado tapa su propia sangre?, ¿para qué van a arriesgarse a sufrir una agresión o una venganza por parte de los violentos? Un Estado que protege los eventuales crímenes de sus servidores pierde legitimidad y el fascismo etarra no dejará de aprovecharlo. Por ello es contrario a toda ética de la responsabilidad clasificar "secreto de Estado" -o destruir preventivamente- la documentación sobre posibles actos delictivos o criminales de unos individuos. Olvidaríamos que de aquellos polvos, de la violación sistemática de los derechos humanos en Euskadi por las fuerzas de seguridad del franquismo, nacen también los Iodos que hoy padecemos. Y que el mejor interés de ETA consiste en que todo parezca una lucha, de bandas ajena al Estado de derecho. Es esto lo que se encuentra en juego. Detener y juzgar a eventuales protagonistas del terrorismo de Estado no constituye un triunfo para ETA, como claman ultras, hombres de orden y graciosos de sentina en Abc y, lamentablemente, líderes del PSOE en caída libre hacia el ilegalismo. El triunfo para ETA se produjo desde el momento en que continuaron las torturas, y malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, ya en la transición democrática, y más aún cuando se organizaron en su seno los crímenes de los GAL. ETA seguirá cometiendo actos de barbarie. Pero la verdadera batalla se da en el interior de la sociedad vasca, no dentro del sistema ETA. Es en aquélla donde hay que dejar claro para siempre que tanto el Estado español como la Comunidad Autónoma Vasca son espacios de libertad, en los cuales impera el derecho hasta el punto de hacer justicia con aquellos de sus propios funcionarios que pudieron actuar de modo criminal. La muerte ha de ser sólo patrimonio de ETA. Resolver a fondo el caso GAL constituye una precondición indispensable para la pacificación de Euskadi.

Finalmente, el caso Lasa y Zabala nos hace volver la vista una vez más hacia la Guardia Civil. Leyendo a un buen número de comentaristas, parece como si el instituto fuera algo sagrado e intocable. Su recién nombrado director ha dicho que el nombre de Roldán quedará borrado de la historia de la Guardia Civil. Pero la historia no es sólo vida de héroes. De comprobarse su actuación, la trama verde no sería por desgracia un hecho aislado, sino el último cabo de un hilo negro que tendría tras de sí el caso Almería y tantos "hábiles interrogatorios" en el pasado, como los descritos por Ramón Sender en El lugar de un hombre. En suma, algo muy distante de la actuación del instituto hoy, pero que forma parte de su memoria histórica. Tampoco fueron sus servicios de información los que sacaron a la luz las estafas de Roldán ni lo que ahora se investiga. Esto es lo que debería ser objeto de preocupación para todos.