Tres jurados populares se estrenan hoy en Palencia, Valencia y Palma de Mallorca

Ser hombre, mayor de 30 años, alfabetizado y con ingresos mínimos de 4.000 reales al año. Eso era lo exigido para ser miembro de un jurado en la primera singladura de la institución en España, en 1823. Más de un siglo después, los requisitos son mínimos: ser ciudadano/ciudadana de España y mayor de edad, saber leer y escribir y no estar impedido físicamente o psíquicamente. Tres grupos de nueve ciudadanos formarán hoy tres jurados populares en Palencia, Valencia y Palma de Mallorca. Hoy se estrena de nuevo la participación directa del ciudadano en la justicia.

Desde el 1 de abril de 1939, última desaparición del jurado popular legislado por la República (la institución ha pasado históricamente por accidentados periodos de vigencia), los magistrados han tenido la exclusiva en la justicia.Los jurados que se constituyen hoy tendrán que emitir veredicto en tres causas diferentes: un caso de homicidio, en Palencia; uno de allanamiento de morada, en Valencia; otro de intento de soborno, en Palma de Mallorca.

En las tres Audiencias se producirá el mismo: la selección definitiva de los nueve miembros más dos suplentes. Todos los seleccionados en el sorteo previo, que no han sido excluidos por alguna de la causas previstas por la Ley del Jurado, acudirán a primera hora de la mañana. Se realizará un nuevo sorteo, y luego un somero interrogatorio por las partes de cada proceso, fiscal y abogados, a cada candidato, hasta formar la lista de nueve miembros titulares y dos suplentes.

La expectación por el funcionamiento del jurado es el punto común de los juicios que hoy tendrán lugar. En las tres Audiencias se produce otra coincidencia: la función de magistrado-presidente del jurado corresponderá al presidente de cada Audiencia. Igual sucede con el rango de los fiscales. "Con independencia de las críticas que se hayan podido hacer a la ley, ahora hay que aplicarla y es necesario intentar hacerlo bien", resumía uno de ellos, que hoy tendrá en frente no a tres magistrados, como era habitual, sino a un juez y a nueve ciudadanos.

Las tres Audiencias prevén mucha afluencia. Se ha reservado espacio para los medios de comunicación y en algunas para invitados, además del público. Como no se puede prever la duración del juicio, está previsto el servicio de comida para los jurados, así como el alojamiento por si la deliberación se alarga.

He aquí la síntesis de los casos de hoy:

Audiencia de Palencia. Un delito de sangre, precisamente el que se asocia más a la versión televisiva que hasta ahora era la única que podía ver un ciudadano en España. Angel Antolín Reguero será juzgado por la muerte de su hermano, Manuel, el 15 de diciembre de 1995 en la Iocalidad de Dueñas. Ángel es acusado de haber asestado numerosas puñaladas a su hermano, que falleció. El hecho no se discute entre el fiscal y el defensor. El eje del juicio se centra en la situación psíquica del acusado y en su grado de responsabilidad.

Audiencia de Valencia. Lo que se juzga es algo más corriente: un allanamiento de morada, informa Sara Velert. En el banquillo, Antonio M. M., de 53 años, acusado de haberse introducido en el domicilio de de una mujer, en Gilet, el 23 de diciembre de 1995, tras romper un ventanal. El magistrado-presidente del jurado, Juan Luis de la Rúa, permitirá que los abogados y la fiscal se muevan por la sala "a la americana" cuando presenten sus conclusiones ante los miembros del jurado. Las partes serán tres: fiscal, acusación particular y defensa. Mientras las dos acusaciones mantienen que fue allanamiento de la morada de la mujer, con la que Antonio M. M. había convivido, la defensa intentará convencer al jurado de que el acusado anunció su visita con el propósito de recoger diversos objetos personales que le pertenecían.

Audiencia de Palma de Mallorca. El jurado tendrá que decidir sobre un intento de soborno, informa Andreu Manresa. Están acusados dos hombres: L. G. S. y J. M. A, propierario y empleado de un establecimiento comercial de Calvià. El 7 de enero de 1996 la Guardia Civil registró el local e intervino una partida de discos-compactos supuestamente piratas. Al día siguiente, uno de los acusados llevó al cuartel un sobre con 200.000 pesetas y una carta que indicaba que el dinero se destinaba a los niños necesitados de la Guardia Civil. La defensa sostiene que fue un donativo; el fiscal, por su parte, afirma que constituye un intento de soborno.