Los nacionalistas vascos y canarios piden a Aznar que modere su plan de privatizaciones

Los aliados nacionalistas vascos y canarios han expresado al Gobierno del PP serias reservas sobre la anunciada política de privatizaciones y la eventualidad de una nueva reforma laboral. Son las principales sombras que el PNV y Coalición Canaria (CC) vislumbran en el horizonte de sus relaciones con el Gobierno de José María Aznar, ante quien harán valer su necesario apoyo. Los dirigentes de las dos formaciones temen la actitud de los nacionalistas catalanes (CiU), a los que ven decididos a impulsar ambas medidas y a escudarse en el Gobierno ante una muy probable contestación social.

Los portavoces nacionalistas ya han pactado con el Gobierno el calendario para cumplir los compromisos incluidos en los pactos que firmaron para facilitar la investidura de Aznar. A partir esta misma semana se iniciará la negociación.El presidente del PNV, Xabier Arzalluz, ha pedido a Aznar prudencia, tanto en su política de privatizaciones como en la reforma laboral. Esta idea la comparte el portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, José Carlos Mauricio, que también la ha transmitido a los populares.

Por contra, el ministro de Industria, el catalán Josep Piqué, se ha pronunciado abiertamente por el abaratamiento del despido y por poner en marcha rápidas medidas de privatización. PNV y CC creen que, además de una dura contestación social, pueden repetirse episodios de tiburoneo financiero si se produce un proceso rápido de privatizaciones. Arzalluz recordó a Aznar que algunas empresas públicas fueron antes privadas y el Estado volvió a hacerse cargo de ellas ante el desentendimiento de sus propietarios.

También la reforma laboral preocupa al PNV y CC, especialmente por la reacción de los sindicatos. Además, en las bases de ambos grupos políticos hay un componente socialdemócrata mucho más acusado que en CiU. La coalición catalana mantiene buenas relaciones con la patronal catalana Fomento. PNV y CC temen que la fuerza que lidera Jordi Pujol se escude en el Gobierno del PP para adoptar medidas impopulares. Pujol, no obstante, se ha comprometido con los sindicatos a aparcar una posible nueva reforma laboral hasta que concluyan las conversaciones con la patronal.

Calendarios acordados

No obstante, las prioridades de los tres grupos nacionalistas son hora claras en cuanto a desarrollo autonómico y negociación presupuestaria. Todos ellos han redactado en los últimos días sus respectivos calendarios con el Gobierno. En el caso del PNV, el lehendakari, José Antonio Ardanza, acordó en su reciente encuentro con Aznar iniciar en julio la negociación sobre la renovación del cupo financiero vasco para el quinquenio 1997-1992 y el desarrollo autonómico.Habrá dos grupos de trabajo, para cada una de esas funciones, que por parte vasca presidirá el vicelehendakari, Juan José Ibarretxe, y por parte del Gobierno, el vicepresidente Rodrigo Rato en materia de cupo, y Mariano Rajoy, ministro para las Administraciones Públicas, en el desarrollo autonómico.

CiU también ha precisado su calendario, tras la reunión que el martes mantuvieron su portavoz en el Congreso, Joaquim Molins, y Rajoy.

Hay dos prioridades pactadas cuyos compromisos vencen antes del 30 de julio: el proyecto de ley de reforma de la Administración periférica (LOFAGE), que prevé la supresión de los gobernadores civiles, y la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Asuntos Europeos, que abordará la figura del observador autonómico. Rajoy ya ha anunciado el inminente envío de la LOFAGE a la Comisión de Subsecretarios, mientras que la Conferencia Sectorial se reunirá el 15 de junio.

Rato iniciará esta semana con los dirigentes de CiU Joaquim Molins y Josep Sánchez Llibre la negociación presupuestaria. Las primeras medidas que negociarán ambas partes son incentivos empresariales, como la regularización de balances, rebajas de impuestos por puestos de trabajo y reducción del IAE (Impuesto de Actividades Económicas).

La financiación autonómica, el tema más conflictivo por la abierta oposición de los tres presidentes autonómicos socialistas, tiene un plazo fijado por la ley, que acaba el 30 de septiembre, coincidiendo con la presentación de los Presupuestos.

Rajoy ha iniciado una ronda con los partidos, empezando por el PSOE, y continuará con los presidentes autonómicos antes de convocar al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el organismo mixto del Gobierno y las comunidades que tomará la decisión final.

El resto del calendario pactado por Rajoy y Molins es posterior al verano. El traspaso del Instituto Nacional de Empleo (Inem) tendrá que negociarse para la primera quincena de septiembre. El Gobierno deberá presentar a las Cortes el proyecto de Ley de Puertos en la primera quincena de noviembre. Para principios de enero quedan dos compromisos: la reducción del IVA del peaje de las autopistas y el traspaso de las competencias de tráfico a Cataluña.

CC tiene garantizada la reforma del Estatuto de Canarias para antes de fin de año. Las negociaciones con el ministro de Trabajo, Javier Arenas, sobre el Plan Integral de Empleo, y el de Fomento, Rafael Arias Salgado, sobre infraestructuras, ya se han iniciado.