Navarra y Euskadi

EL PROBLEMA por la creación de un órgano permanente de cooperación entre las comunidades del País Vasco y, Navarra puede provocar un conflicto institucional de cierta entidad si el Partido Popular (PP), que cuenta con mayoría absoluta en el Senado, veta ese acuerdo., como le solicita su aliado en la segunda de esas comunidades, la UPN (Unión del Pueblo Navarro). De momento, el PP se enfrenta al dilema de disgustar a un amigo, bajo cuyas siglas (PP-UPN) concurrió a las últimas elecciones, o a su más reciente aliado, el PNV, con el que suscribió un pacto poselectoral.Navarra es plural. Negar la existencia de un elemento vasco entre los que conforman la identidad navarra es tan absurdo como considerar que ése es su único componente. La Constitución prevé la posibilidad de que dos o más comunidades celebren "convenios entre sí para la prestación y gestión de servicios" comunes. El Pacto de Ajuria Enea (firmado en enero de 1987) cita expresamente ese artículo para resaltar la existencia de cauces democráticos con los que satisfacer las aspiraciones nacionalistas. Pero no así el Pacto de Pamplona, réplica en todo lo demás del anterior, lo que refleja una desconfianza exagerada de los políticos navarristas.

En general, los analistas más solventes consideran que el establecimiento de alguna forma de coordinación entre ambas comunidades, con respeto de su libertad de decisión, es racional desde un punto de vista económico-administrativo, coherente con el pluralismo de ambas comunidades y compatible con las aspiraciones de la mayoría de sus habitantes. Así lo ha entendido el actual Gobierno navarro -de coalición entre los socialistas, una escisión de UPN y el partido de Garaikoetxea- al suscribir una acuerdo con el Gobierno vasco para la creación de un órgano estable de cooperación.

Pero no comparte ese punto de vista UPN, primer partido de Navarra, cuya escisión le apartó del Gobierno. Sus líderes sostienen, por un lado, que se trata de una "federación encubierta" y, por otro, que es una iniciativa que no corresponde a necesidades o inquietudes realmente existentes en la población. Esto último tiene seguramente más fundamento que la primera objeción. Dados los componentes emocionales del asunto, sería deseable que una iniciativa de ese tipo contase con un amplio consenso social que resulta dudoso. Pero es cierto que formalmente cuenta con el apoyo de fuerzas que representan a la mayoría de la población. Si, en función de sus pactos, los navarristas obligan al PP a vetar en el Senado el acuerdo, se establecería un inquietante precedente: la Cámara de las autonomías oponiéndose a un acuerdo libremente suscrito entre los Gobiernos de dos comunidades.