El Gobierno francés acusa a los socialistas de haber comprado treguas a los corsos

La crisis corsa está envenenando la política francesa. La oposición socialista acusó el miércoles al Gobierno de rendirse ante los nacionalistas violentos. El ministro de Justicia, Jacques Toubon, respondió acusando a la anterior Administración socialista de haber comprado treguas en la Isla con maletines repletos de francos. La oposición abandonó en bloque el Parlamento, y poco después, el líder del Partido Socialista (PS), Lionel Jospin, calificó a Toubon de "indigno de ocupar un ministerio" y exigió "pruebas de sus acusaciones o dimisión".El primer ministro, Alain Juppé, intentó calmar los ánimos con la convocatoria de un debate parlamentario sobre Córcega para la semana próxima, y apeló al "sentido de la responsabilidad que se pone siempre de manifiesto en la Asamblea Nacional cuando lo esencial está en juego". Juppé anunció que viajará a Córcega antes del verano para "decir personalmente a los corsos que haremos respetar las leyes de la república".

La situación en la isla, con atentados impunes cada noche (por el momento, sin víctimas) y con la policía y los jueces maniatados desde París, parece estar fuera de control. Uno de los barones de la mayoría parlamentaria conservadora, el liberal José Rossi, presidente del Consejo General de Córcega del Sur, admitió que "ningún Gobierno, ni de izquierda ni de derecha, ha sido capaz de aportar una solución al problema corso desde hace mucho tiempo".

Otro barón, el ex primer ministro y alcalde de Lyón Raymond Barre, fue aún más crítico que Rossi: "Estoy dispuesto a admitir que, como dice el Gobierno, haga falta una política de firmeza y diálogo; pero cuando veo lo que ocurre en Córcega, me pregunto: ¿dónde está el Estado republicano?". "Si los corsos quieren la independencia, que la tomen", agregó Barre.

Legalidad hundida

La legalidad republicana naufragó hace ya tiempo en la isla mediterránea. Un dirigente de A Cuncolta Naziunalista, vitrina legal del Frente Nacional de Liberación de Córcega (FLNC), canal histórico, François Santoni, confirmó ayer las acusaciones del ministro de Justicia, Jacques Toubon, referentes a 1983, cuando Gaston Deferre era ministro del Interior: "La izquierda compró con dinero a ciertos nacionalistas. Es una información exacta", dijo Santoni, amigo personal de algunos dirigentes gaullistas corsos.En medios nacionalistas citados ayer por Le Monde se afirma que también el actual Gobierno ha preguntado este mismo año cuánto costaría la paz, proponiendo eufemísticamente a los terroristas que evalúen "el coste de la desmilitarización del espacio político y de la reinserción profesional de los militantes clandestinos".

Para encubrir la quiebra de la legalidad en Córcega, el Gobierno de Alain Juppé ha decidido bloquear la actividad judicial. La semana pasada trasladó a París, donde el Ministerio de Justicia puede controlar cómodamente el trabajo de los jueces, todos los sumarios por asuntos de terrorismo. Según informaciones publicadas por el diario Libération y el semanario Le Canard Enchainé, el Gobierno ha llegado a boicotear directamente la tarea judicial.

Cuando el pasado día 13 una juez de Bastia, Marie-Pierre Sainte, ordenó la detención del dirigente nacionalista Jean-Michel Rossi por un presunto delito común, la gendarmería local recibió desde París la orden de desobedecer las instrucciones judiciales. Y Rossi no fue detenido. Tanto magistrados como policías han denunciado públicamente la semana pasada que la ley había dejado de imperar en Córcega.