Polémica jurídica en Canarias sobre el concurso a cátedras

La Consejería de Educación del gobierno autónomo canario ha presentado un recurso de queja ante el Tribunal Supremo de Justicia de Madrid para que se pronuncie sobre dos sentencias contradictorias, una a favor y otra en contra, sobre el concurso a cátedras de Secundaria de 1992. La controversia tiene su origen en sendas sentencias de las salas de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias -la de Tenerife (en contra) y la de Las Palmas (a favor)- falladas en marzo de 1996 y finales de 1994, respectivamente. Ambas salas valoran de manera distinta el proceso de evaluación de las Memorias presentadas por los docentes, si bien, coinciden en que la resolución cursada por la Consejería el 14 de abril de 1993 que modificaba los criterios de calificación de los méritos, debió publicarse, circunstancia que no se produjo y que ha sido el verdadero origen del conflicto.Mientras la sala del Tribunal Superior en Las Palmas consideró que "el hecho de que no se hubiera publicado no es motivo para descalificar el proceso de evaluación", la sala del mismo tribunal en Tenerife acaba de fallar en sentido contrario, conminando a la Consejería a que anule esta parte del proceso y vuelva a baremar con los criterios anteriores a la citada resolución.

El proceso afecta a unos 40 docentes, y en opinión de alguno de ellos, las "irregularidades" del proceso salpican a ex-altos cargos de la Consejería y al actual Director General de Personal, Jesús Torrent. Según estas fuentes, "fueron ellos los responsables de cursar la resolución para beneficiarse con el nuevo baremo de calificación".

Desmentidos

El director general de Personal, Jesús Torrent, desmiente estas afirmaciones y señala que cuando se produce su incorporación, y la de su equipo [por Coalición Canaria], a la Dirección General de Personal el 21 de abril de 1993, la resolución ya estaba cursada por el anterior director general de Personal del PSOE, José Fernández desde el 14 de abril: "Acudimos al concurso el año antes en calidad de docentes, por tanto, no hay ninguna irregularidad en este sentido. La resolución no se había publicado pero era del dominio público, como constata la sala de Las Palmas. Esta nueva sentencia de la Sala de Tenerife produce una contradicción entre ambas salas que hemos pedido al Supremo que resuelva".A los afectados no les convencen estas afirmaciones y dicen que el proceso no ha sido transparente: "Es cierto que CC no ideó la resolución, pero, una vez en el poder, deciden cursarla para cambiar los criterios de evaluación y, curiosamente, estos altos cargos obtienen una plaza que no habrían logrado sin ella".