Vera, Galindo y Argote declararán en los próximos días como imputados en el 'caso Laza-Zabala'

El ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera declarará el lunes 27 como imputado en el caso que instruye el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño por la desaparición y asesinato en 1983 de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala. Vera será el último de los ocho imputados que declararán en el sumario, entre los que figuran el general Enrique Rodríguez Galindo y el abogado colaborador de Interior Jorge Argote. Galindo declarará el jueves 23 y Argote el viernes 24.Vera y Argote deberán responder a las acusaciones de Luis Roldán, quien declaró que ambos le habían encargado formar un grupo para "quitar de en medio" al ex sargento Enrique Dorado Villalobos y al ex cabo Felipe Bayo, porque sabían demasiado sobre la guerra sucia. Tras negarse Roldán, según su propia versión, le propusieron que intercediera ante el entonces ministro de Defensa, Julián García Vargas, para que se concediese a Dorado la máxima pensión posible, como así se hizo.

Gómez de Liaño ha citado hoy al teniente Pedro Gómez Nieto, guardia civil adscrito al Cesid, destinado en Intxaurrondo en 1983, y supuesto topo del coronel Juan Alberto Perote, ex número dos del Cesid. También declararán hoy los guardias Francisco Hermida y Luis Sandoval. El jueves, tras la declaración de Rodríguez Galindo, será interrogado el capitán Davó, uno de los mandos del acuartelamiento en 1983, y el viernes deberá comparecer el guardia José Romero Béjar, El Moro.

Nueve testigos

Además de los imputados, la próxima semana declararán nueve testigos, entre ellos el ex ministro del Interior José Luis Corcuera, el general Félix Pérez Navas y el teniente coronel Manuel Fuentes Cabrera, que lo harán el 29 de mayo. Los tres serán preguntados por el tratamiento psiquiátrico de Felipe Bayo en la clínica López Ibor y en el Hospital Psiquiátrico Militar. También están citados como testigos Bárbara Dürkhop, viuda del socialista asesinado por ETA Enrique Casas y que tuvo una relación sentimental con otro testigo, el policía Ángel López Carrillo.Gómez de Liaño solicitó ayer al Gobierno la desclasificación como secretos de cuatro documentos del Cesid para que puedan ser usados como prueba. Al menos tres de los cuatro documentos ya han sido reclamados por Baltasar Garzón. Gómez de Liaño detalla los pormenores de su petición en "texto aparte por estimar que la muy probable publicidad seguro que comprometería la causa pública y significaría un enorme estorbo para el descubrimiento de la verdad".

Uno de los cuatro documentos es la nota de despacho del 28 de septiembre de 1983 remitida por Perote al general Emilio Alonso Manglano, entonces director del Cesid, en la que le da cuenta del inicio de la guerra sucia a cargo de mercenarios y miembros de las fuerzas de seguridad. Otro es el documento sonoro -o su transcripción- de la conversación entre Rodríguez Galindo y Pedro Gómez Nieto, en 1983, referida a acciones ilegales de la Guardia Civil en el País Vasco francés contra miembros y simpatizantes de ETA. Un tercero es otro documento sonoro -o su transcripción- en el que se relata lo ocurrido con Lasa y Zabala- Se desconoce el contenido del cuarto documento.

Por otro lado, el fiscal encargado del caso Lasa-Zabala, Jesús Santos, ha emitido un informe en el que se opone a que el caso sea investigado por el Juzgado Central número 2 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Ismael Moreno, en lugar del juzgado que lo tramita, el número 1, dirigido por Gómez de Liaño, como había solicitado el ex gobernador civil de Guipúzcoa Julen Elgorriaga, imputado en el caso.