Los recortes presupuestarios en Francia sitúan a Juppé ante la amenaza de otro estallido social
Alain Juppé se enfrenta a nuevas turbulencias sociales. Cuando cumple un año de mandato, el primer ministro francés tiene ante sí una economía estancada, un sector público alarmado por los recortes presupuestarios para 1997, una industria militar en plena reconversión y unos sindicatos enfurecidos. La semana próxima comenzará una cadena de huelgas que agravará la sensación de malestar. Por si la borrasca que se avecina fuera insuficiente, Juppé se ocupó de encrespar a los funcionarios afirmando, ante la Asamblea Nacional que producían "mala grasa".
La mala grasa funcionarial colgará ya para siempre del cuello de Juppé. Si otra primera ministra, la efímera Edith Cresson, pasó a la posteridad -y eventualmente al desempleo y al retiro en Bruselas como comisaria europea- por sus apreciaciones sobre la homosexualidad de los varones británicos y la condición de hormigas de los japoneses, Juppé quedará unido a la opinión de que los funcionarios (enseñanza, sanidad, administración, etcétera) constituyen el colesterol de la economía francesa.La afirmación dejó estupefactos a todos los diputados, derecha incluida, porque el propio Juppé es funcionario de profesión y, sobre todo, porque ante un recorte presupuestario estimado en 200.000 millones de francos (unos cinco billones de pesetas), y preparando una reducción de 30.000 puestos de trabajo en la función pública, del Gobierno se esperaba bálsamo, no insultos.
La frase fatídica, pronunciada el lunes en el Parlamento, fue la siguiente: "Prefiero una función pública menos numerosa, más eficaz, más cómoda, a una función pública que genera mala grasa". La Confederación General del Trabajo (CGT, comunista) calificó la frase de "insulto". La Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT, siocialdemócrata) habló de "provocación". Los parlamentarios de derecha e izquierda se apresuraron a lamentar o condenar, según el bando, sus palabras.
El momento era el menos indicado para atrevimientos verbales. Los recortes presupuestarios anunciados para el año próximo habían caldeado el ambiente, y sólo faltaba la comparación sebácea para abrir una crisis. En los dos días siguientes ha empezado a concretarse el calendario de una primera ola de protestas: el 4 de junio, huelga en France Telecom contra la privatización; el 5 de julio, huelga en Electricidad de Francia contra la liberalización del sector; el 6 de junio, huelga de ferrocarriles contra las rebajas presupuestarias. La empresa pública armamentísta Giat Industries se pondrá la semana próxima "en pie de guerra", según la expresión sindical, contra 2.560 despidos.
Movilizaciones en marcha
Y hay más. En los astilleros se preparan también movilizaciones. El comité de Air France Europe (ex Air Inter) ha anunciado huelgas, aún sin fecha, contra el plan de austeridad de la dirección, y entre los trabajadores de Renault ha cundido la alarma tras el anuncio de privatización. Otro frente peligroso para el Gobierno es el que puede abrirse en las universidades, a causa del plan de reforma que empezará a discutirse desde el lunes y cuyas líneas maestras (selectividad, más centros privados y cooperación estrecha con la industria) no han gustado a los sindicatos estudiantiles. Se trata de una nueva borrasca social que llega cuando aún está muy fresco el recuerdo de la crisis de diciembre.El balance del primer año de Juppé como primer ministro es más bien negativo. El 60% de los franceses considera que el Gobierno hace mal su trabajo, y la popularidad personal de Juppé no supera la cota del 35%. La sensación de año perdido (el paro no disminuye, la Seguridad Social sigue -generando un gran déficit y los barrios marginales son tan problemáticos como siempre) queda simbolizada en el Contrato Iniciativa Empleo (CIE), la supuesta gran medida con que Chirac y Juppé se lanzaron a la lucha contra el desempleo. Los cálculos del Ministerio de Finanzas señalan que el 80% de los puestos de trabajo creados gracias al CIE, con enorme gasto público, se habrían generado de todas formas. La supresión del CIE figura ahora entre las medidas de ahorro que estudia el Gobierno.
