EEUU anunciará la lista de ejecutivos a los que vetará por negociar con Cuba

Washington tendrá a punto este verano la lista negra de cientos de ejecutivos canadienses y europeos, entre ellos españoles, a los que prohibirá la entrada en EE UU porque sus empresas "trafican" con antiguas propiedades norteamericanas en Cuba expropiadas por el régimen de Fidel Castro. Este anuncio fue, hecho en Madrid por una delegación del Departamento de Estado que se entrevistó el lunes con diplomáticos españoles en el Ministerio de Exteriores y reiteraron su rechazo a la ley que endurece el embargo a Cuba.

Madrid fue la última etapa de la gira de esa delegación, que recorrió varios países europeos para explicar el alcance de la ley Helms-Burton, aprobada el 12 de marzo, que busca reforzar el embargo a Cuba sancionando a las empresas que hacen negocio con bienes confiscados de EE UU.Los delegados pusieron especial énfasis en aclarar el capítulo cuarto de esa ley, que el Departamento de Estado desarrollará en los próximos días para precisar el perfil de las personas que pueden resultar perjudicadas. El texto señala que les será vetado el ingreso en EE UU a "los directores y accionistas principales o mayoritarios de las empresas que participen en dicho tráfico, así como a los cónyuges, hijos menores o agentes de las personas excluidas". Por agentes se entiende ante todo a los abogados de las empresas.

El efecto disuasorio ya se ha hecho notan Los hombres de negocios españoles que asistieron la semana pasada en Madrid a un seminario sobre Cuba, organizado por la consultora Cuba Business, pidieron que no se publicase una lista de participantes. El ministro de Comercio del Reino Unido, lan Taylor, uno de los paíse que más se ha opuesto a la ley, ironizó la semana pasada sobre la imposibilidad para un niño de 5 años de visitar Disneylandia si uno de sus padres, está vinculado con una compañía castigada por Washington.

El siguiente paso de la Administración de Bill Clinton será después la: elaboración por un comité de la lista de personas a las que les será vetado el acceso a EE UU. Para ponerla a punto utilizará información pública y de los servicios secretos, así como datos facilitados por organizaciones de exiliados cubanos "cuya validez será minuciosamente comprobada", según fuentes del Departamento de Estado. La Fundación Nacional Cubano-Americana ha elaborado su propio índice, que incluye a 27 empresas españolas.

La lista negra estará concluida en verano, pero no se hará pública. Los interesados, varios miles, serán informados por carta de la prohibición 45 días antes de que sea efectiva mediante una comunicación a consulados y puestos fronterizos de los nombres de los "traficantes".

Por "traficar" se entiende, según la traducción de la ley entregada por la delegación, "efectuar transferencias, distribuciones, cesiones o corretaje de los bienes confiscados, o adquirir el control de los mismos, o adquirirlos de otra forma; o mejorarlos o invertir en ellos (salvo para las operaciones ordinarias de conservación), o empezar a administrar, arrendar, poseer, utilizar o tener participación en los bienes confiscados. ( ... ) También se entiende llegar a un convenio comercial que utilice los bienes confiscados o se beneficie de ellos de otra manera".

Miles de reclamaciones

Se calcula que en los últimos dos meses unas 200 empresas europeas, varias de ellas españolas, han efectuado este tipo de operaciones con Cuba, aunque está por determinar cuántas lo han hecho con bienes norteamericanos expropiados. Los ciudadanos de EE UU han formulado 5.911 reclamaciones por propiedades incautadas, de las que unas 800 parecen fundamentadas, cuyo valor teórico ascendía a 225.000 millones de pesetas en 1959, año de las expropiaciones, y se elevaría ahora a 750.000 millones, según fuentes diplomáticas norteamericanas.

España no es el primer inversor extranjero en Cuba, probablemente la preceden Canadá y el Reino Unido, aunque es el país que ha creado el mayor número de empresas mixtas en la isla. La inversión española acumulada rebasa ligeramente los 10.000 millones de pesetas.

Aunque baraja suspender casi toda la cooperación bilateral con Cuba, el nuevo Gobierno español tiene la intención de defender con ahínco, según ha explicado el ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, a las empresas españolas asentadas en la isla. Matutes cree, sin embargo, que están más amenazadas por la inseguridad jurídica que fomenta el régimen cubano que por EE UU.

Para proteger a esas empresas el PSOE ha pedido al Ejecutivo español que presente un proyecto de ley inspirado en los aprobados por Canadá y el Reino Unido.