Las dos jóvenes heridas en el ataque a una furgoneta de la Ertzaintza declaran que padecen "horribles" secuelas

Amaia Arruabarrena y Estibaliz Uranga, las dos jóvenes de Rentería (Guipúzcoa) arrolladas el 24 de marzo de 1995 por una furgoneta de la Ertzaintza en llamas que había sido atacada con cócteles molotov por unos encapuchados, no llegaron a ver a los agresores, según declararon ayer ante el tribunal que juzga a Aitor García, Unai Erquis y Jon Ander González, procesados por su presunta participación en los hechos.Los cinco agentes que viajaban en el vehículo resultaron abrasados. Ellas, que sufrieron heridas de las que aún no se han recuperado, explicaron ayer con detalle sus limitaciones físicas y psicológicas y las calificaron de "horribles".

Amaia, a la que desde entonces le falta masa muscular en la pierna derecha y padece una cojera, fue atropellada, como Estibaliz, al quedar el coche sin control porque su conductor, el ertzaina Jon Ruiz Sagarna, se vio envuelto en llamas. Ella se encontraba con un grupo de amigas. Recuerda que no querían permanecer mucho tiempo en la calle porque estaba prevista una manifestación y que, cuando estaba hablando, oyó a una gritar "¡correr, correr!". A los pocos segundos, se despertó en el suelo.

"Menos mal que eché a correr sin darme la vuelta, ya que, si lo llego a hacer, no sé lo que habría pasado. Mi aspecto es horrible y me encuentro mal. No sé todavía las operaciones que me quedan", afirmó Amaia, que, como Estibaliz, necesita tratamiento psicológico.

Estibaliz perdió el curso el año pasado y en el actual no tiene esperanzas de aprobarlo: "Lo llevo mal. Me cuesta concentrarme, pues son muchos los días que revivo aquel momento y lo paso mal con los nervios". Pendiente también de varias operaciones más, dijo haber sentido cómo un objeto no identificado le atravesaba un muslo. Además, sufrió fracturas de tobillo, cadera, pómulo y huesos de la ceja. Ahora se siente incapaz de que sus amigas vean sus cicatrices "por la impresión que causan".

En la sesión de ayer también prestaron declaración varios agentes destinados en la comisaría de Rentería. El fiscal solicita para los procesados un total de 340 años de cárcel y 400 millones de indemización para las víctimas. La acusación particular, que representa al Gobierno vasco, pide para ellos 700 años.

Por su parte, el abogado defensor José María Elosua aseguró que la policía vasca ha ocultado datos de la investigación al juez instructor y a la sala que juzga el caso.